La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó este martes una medida cautelar vía tutela preventiva contra Morena para que integrantes de las brigadas de vacunación contra la Covid-19 se abstengan de solicitar a la ciudadanía información de la credencial de elector.
En un comunicado, el INE agregó que dicha medida tiene como fin que no se vincule a los programas sociales del gobierno federal con el partido político, especialmente en el caso de la vacunación contra la Covid-19.
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Dicha resolución se dio tras una queja presentada en días pasados por el Partido Acción Nacional (PAN) por la presunta realización de registros de personas beneficiarias para acceder a programas gubernamentales con fines electorales.
Lo anterior, explicó, con motivo del registro de visitas domiciliares, organización de brigadas y trabajo en las calles que llevan a cabo personas que se identifican con Morena a través de su vestimenta, credencial o indumentaria.
“Estas personas solicitan datos e información personal a la ciudadanía de su credencial de elector, ofreciendo que podrán ser beneficiadas con distintos programas sociales”, detalló la queja.
El INE llevó a cabo diferentes diligencias que, de manera preliminar, permiten presumir la existencia de las conductas señaladas, mediante la certificación de videos que circulan por diferentes medios y redes sociales.
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También, mediante declaraciones expresas de personas involucradas en las conductas denunciadas que refieren estar contratadas por el partido político señalado.
El INE recordó al respecto que el orden jurídico vigente prohíbe que los partidos políticos se apropien o participen en la implementación o ejecución de programas sociales o gubernamentales.
“Los programas sociales deben ejercerse de manera neutral e imparcial y está prohibido su uso con fines electorales”, acotó el órgano electoral.
Durante la sesión, el consejero Ciro Murayama señaló que la actuación del prestador de servicios de Morena, al pedir datos de los ciudadanos para ofrecer programas del gobierno federal, no es legal.
“La distancia entre partido y gobierno se rompe y empieza a haber un uso partidista de esta persona de los programas sociales, aun cuando la ley es muy clara al señalar que los programas sociales son públicos”, dijo.
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Murayama refirió que el acceso a los programas sociales es un derecho de la población, por lo que “condicionarlos desde un partido es un ejercicio clientelar prohibido por la legislación”.
