Por: Isabella González
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no ha resultado un método ágil para la compra de medicamentos para México.
A un mes de haber comenzado el año, apenas el 5 de febrero se hizo la presentación de ofertas dentro las tres licitaciones para adquirir los medicamentos necesarios para abastecer a México durante este 2021.
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En octubre, México pagó 2 mil 600 millones de pesos para llevar a cabo los tres concursos de este año para comprar en total 2 mil 286 claves de medicamentos.
“El costo total del proyecto será de aproximadamente 6 mil 800 millones de dólares y la UNOPS cobrará el 1.25% como comisión”, aseveró Enrique Martínez, director general Instituto de Investigación Farmacéutica en entrevista con Latinus.
El acuerdo entre la UNOPS y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) señala que éste comenzaría su vigencia a partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual fue publicada desde el 11 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Indica, además, que el Insabi tenía 15 días hábiles a partir de la entrada en vigor del acuerdo para depositar la primera transferencia, que fue de 2 mil 600 millones de pesos.
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Sin embargo, el documento firmado por el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, el 31 de julio de 2020, no establece plazos para la UNOPS.
Y las licitaciones fueron publicadas por la agencia hasta el 4 de diciembre del año pasado.
Por otro lado, el acuerdo destaca que la UNOPS, como órgano subsidiario de las Naciones Unidas, se encuentra amparada por la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, la cual afirma que goza de inmunidad contra todo procedimiento judicial.
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Expone que, dado que la compra de medicamentos se ejecuta en beneficio del Insabi, éste asumirá la responsabilidad de las acciones de la UNOPS y mantendrá indemne a su personal, agentes, empleados y servidores de y contra toda acción, reclamación, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier índole.
“Son 134 millones de dólares pagados en consultoría para la UNOPS donde si consiguen el Paracetamol más barato del mundo en Bangladesh, lo traen y venía rancio, venía caduco, venía con vicios ocultos, venía con el empaque malo, o al proveedor de Bangladesh no le dio tiempo de pasarlo a español, UNOPS dice ‘ese es tu problema, yo ya te lo conseguí, tú aquí lo arreglas o lo recompras’”, afirmó José Carlos Ferreyra, presidente del Instituto de Investigación Farmacéutica.
“¿Si hubiera hecho el procedimiento de compras de licitaciones observadas por la OCDE de acuerdo con el marco regulatorio vigente de la ley de adquisiciones y su reglamento nos hubiera costado 134 millones de dólares? No, nos hubiera costado cero”, añadió.
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El acuerdo también indica que el Insabi asumirá el costo de cualquier gasto adicional y necesario para la ejecución del proyecto de compra de la UNOPS y que si hay circunstancias imprevistas y los recursos no son suficientes, se harán modificaciones acordadas entre ambos para sufragar todos los gastos.
Para que México pudiera llevar a cabo la compra consolidada de medicamentos, el Congreso tuvo que reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que México pudiera comprarlos en el extranjero sin la necesidad de hacer licitaciones.
En esta reforma, se agregó un párrafo en el artículo 1 que indica que los organismos intergubernamentales internacionales quedan exceptuados de la aplicación de dicha ley.
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Los especialistas del Instituto de Investigación Farmacéutica indicaron que la UNOPS pide muchas excepciones a las leyes locales.
“Eso de alguna manera es garantizarle que pueda actuar de manera impune porque si en algún momento no cumple, si en algún momento incurre a una falta, por ejemplo, asuntos de competencia económica, no lo puedes señalar, en el caso de México tenemos organismos autónomos que por cierto se quiere echar al plato”, aseguró Martínez.
Afirmaron que la UNOPS ha tenido problemas para llevar a cabo proyectos en otros países como Guatemala y Costa Rica.
En el caso de Costa Rica, en enero de 2018, después de retrasos en seis proyectos que el gobierno encargó a la UNOPS, la propia Viceministra de Obras Públicas y Transportes (MOP), Guiselle Alfaro, dijo que Costa Rica no encargaría más obras viales a la UNOPS debido a que la agencia se negó a hacer públicos los expedientes de las constructoras que ofrecieron concursar por las obras.
En 2019, la Contraloría General de Cuentas (CGC) pidió al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) no firmar un acuerdo con la UNOPS para que la agencia llevara a cabo, precisamente, la compra de medicamentos para el país centroamericano.
