EFE.- Edgar “L”, uno de los 19 migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y cuyos cuerpos fueron incinerados en Tamaulipas hace un mes, fue sido deportado de Estados Unidos después de una gran redada en una planta procesadora de alimentos en Mississippi.
Según informó este martes el medio digital Vice, el guatemalteco fue una de las 680 personas que fueron arrestadas en 2019 durante una redada masiva que efectuaron unos 600 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en siete procesadoras de alimentos ubicadas en seis diferentes localidades del centro de Mississippi.
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Edgar, de 49 años, padre de tres hijos y abuelo de cuatro niños, intentaba regresar a su casa en Mississippi después de su deportación, tras el que se considera el mayor operativo contra migrantes sin documentos en la última década en Estados Unidos.
El guatemalteco, explica Vice, trabajó durante más de dos décadas en plantas de Mississippi como la de Peco Foods, de la que salía al terminar su turno cuando fue detenido por agentes del ICE el 22 de agosto de 2019.
Tamaulipas es un paso frecuente para los migrantes que entran a México con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos.
El pasado 22 de enero, las autoridades hallaron dos camionetas calcinadas, una de ellas con 19 cadáveres en el interior, en el poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo, fronterizo con Texas y con el estado de Nuevo León.
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Una llamada anónima alertó a las autoridades de Tamaulipas sobre los dos vehículos que se encontraban abandonados e incendiados en un camino de Camargo, en donde estaban los 19 cuerpos calcinados, la mayoría de migrantes guatemaltecos originarios de las comunidades de Comitancillos y San Marcos.
Las autoridades mexicanas que investigan los hechos vinculan la matanza con la disputa que las organizaciones criminales denominadas Cártel del Noreste y Cártel del Golfo mantienen por el control de los estados del noreste de México desde marzo de 2010. Los enfrentamientos ya dejaron más de 15 mil desaparecidos y miles de muertes.
Al menos 12 policías estatales fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el asesinato de las 19 personas, entre ellas varios migrantes guatemaltecos.
