Por Mario Gutiérrez Vega
Inconsistencias financieras, de planeación y administración en la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles ponen en riesgo su entrada en funcionamiento en el año 2022, como lo tiene previsto el gobierno federal, aseguró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un par de informes publicados este sábado como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2019.
La ASF alerta que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de construir el nuevo aeropuerto civil y militar, ha incurrido en una serie de omisiones que comprometen la rentabilidad y la operación de una de las principales obras de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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La Sedena no ha actualizado las proyecciones de demanda de pasajeros, su gestión de riesgos no es completa y tampoco presenta avances en las obras de interconexión entre el nuevo aeropuerto ubicado en Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
El diagnóstico de la ASF advierte importantes carencias de la Sedena en su relación con otras dependencias de gobierno y organizaciones relacionadas con la aviación, así como una estrategia incompleta que conecte al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el aeropuerto de Toluca y el AICM.
“No contó con una estrategia integral de transporte y de interconexión terrestre entre los tres aeropuertos, por lo que existe el riesgo de que se afecten los beneficios esperados y se requiera de un mayor monto de inversión y, en consecuencia, el Estado no obtenga la rentabilidad originalmente esperada”, establece la auditoría 2019-0-07100-07-0069-2020 titulada “Proyecto del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles”.
El organismo fiscalizador también advierte que la entrega de recursos para el proyecto no ha sido conforme lo prometido inicialmente. La Secretaría de Hacienda ha asignado en el presupuesto federal sólo 31 mil millones de pesos de los 68 mil millones que se condideran necesarios para la primera fase del proyecto entre 2019 y 2021. El dinero entregado es 45.7 por ciento menos que lo establecido en el análisis costo-beneficio del proyecto, por lo que la ASF advierte que el presupuesto debe incrementarse para los siguientes años o asignar recursos por otro medio a las obras del aeropuerto, de lo contrario no entrará en funciones como se tiene planeado y podría afectar la rentabilidad de la inversión.
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La ASF apunta que no pudo conocer si los trabajos de construcción en el nuevo aeropuerto avanzan conforme a los plazos previstos, ya que en el programa general de obra no se establecieron metas anuales. Tampoco pudo cuantificar el porcentaje de avance de las obras, lo cual le impidió hacer un diagnóstico al respecto.
Sin permiso de SCT
En la auditoría 2019-0-07100-07-0067-2020 titulada “Efectos Regionales y Urbanos del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA)”, la ASF revela que la Sedena no tiene permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para construir un aeropuerto.
Mientras la Sedena respondió a la Auditoría que no necesita ningún tipo de permiso porque la construcción la realiza en un predio de su propiedad, la SCT no especificó a la ASF las causas por las cuales no otorgó concesión o permiso para construir el aeropuerto.
Además, destaca la ASF, la Sedena no acreditó contar con el documento que afirme que el terreno donde se construye el aeropuerto es de su propiedad.
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La Auditoría plantea también los problemas que generará la operación de un aeropuerto mixto y la falta de regulación al respecto.
“Se comprobó que no hay normas, ni reglas para planear la construcción de un aeropuerto bajo la modalidad civil-militar, lo que puede presentar problemas futuros en caso de que en el país se construya un proyecto similar, así como en el proceso de operación del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles y las operaciones militares propias de la base aérea”, indica.
La ASF también exhibe la opacidad que ha caracterizado a la Sedena en todo lo relativo a la construcción del aeropuerto ubicado en Santa Lucía, en el Estado de México.
“En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes”, indica el organismo en su informe 2019-0-07100-07-0069-2020.
