Senado aprueba prisión preventiva oficiosa para feminicidio, violación, secuestro, trata, corrupción y otros 12 delitos

El Senado aprobó este jueves la reforma en materia penal para ampliar el catálogo de ilícitos graves a los que se aplicará la prisión preventiva oficiosa, para 17 delitos, entre los que destacan feminicidio, violación, secuestra y trata.

Con 62 votos a favor, 36 en contra y una abstención, el Senado aprobó la minuta que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras leyes para que dichos delitos, además del huachicoleo, el robo a casa habitación, por mencionar algunos sean considerados como graves.

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La reforma que fue impulsada por Morena desde la asamblea legislativa en julio de 2020, establece la legislación secundaria relacionada con la modificación del artículo 19 de la Constitución Política. Además de armonizar con las leyes secundarias para evitar malinterpretaciones en la impartición de justicia.

De igual manera, la asamblea del Senado respaldó el cambio planteado por la Cámara de Diputados, en octubre del año pasado, para descartar la aplicación de prisión preventiva oficiosa a los delitos cometidos con arma réplica, luego de que considerara que era una disposición extralimitada, “al legislar más allá de lo ordenado por el decreto constitucional”.

Senadores de Morena, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido del Trabajo (PT), coincidieron en que esta modificación a la ley permitirá un mejor ejercicio de justicia en nuestro país, e incluso que representa un avance en la lucha de los mexicanos contra la impunidad.

Nancy Sánchez Arredondo, senadora morenista indicó que esta reforma representa un acto de justicia elemental en un país donde ésta ha quedado pendiente para muchos mexicanos, “estamos otorgando mayor capacidad a las autoridades judiciales para actuar de manera inmediata y contundente”, añadió.

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Sin embargo, David Zepeda, senador del Partido Acción Nacional (PAN), apuntó que esta reforma a la Constitución es una violación grave a los derechos de los ciudadanos de México.

“(Es) moda política decir que se quiere combatir la inseguridad, cuando el 90% de los más de 300 millones de delitos que se cometen al año en México no se denuncian”, refirió.

Mientras tanto, el senador independiente, Emilio Álvarez de Icaza, afirmó que es innecesario continuar construyendo un sistema punitivo, pues consideró que tal dictamen es una regresión en materia de los derechos humanos. Inclusive acusó a Morena de utilizar la campaña de vacunación con fines electorales.

El proyecto de decreto ya fue enviado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para sus efectos constitucionales.

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