Alonso Ancira, expresidente de AHMSA, se ampara contra tratos inhumanos y degradantes

Foto. Cuartoscuro

Un juez admitió este viernes la petición de amparo del empresario mexicano Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos de México, por presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes en prisión de los que es víctima en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

“Se concede la suspensión de plano, para que cese de inmediato cualquier acto de …… comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para su debida observancia, la cual debe ser observada en doce horas”, indica la resolución publicada en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

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El 8 de febrero, Alonso Ancira interpuso esta petición de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

La resolución, publicada en el CJF con el número de expediente 46/2021 en dicho juzgado, señala que la próxima audiencia de Alonso Ancira será el 10 de marzo a las 9:00 a.m.

El miércoles 10 de febrero, un juez federal vinculó a proceso al empresario Alonso Ancira por el delito de lavado de dinero, derivado de un supuesto soborno de 3.5 millones de dólares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, relacionado con la compra irregular de la planta de Agronitrogenados en 2013.

Los abogados de Ancira solicitaron modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la de libertad provisional al argumentar que Pemex había aceptado un acuerdo de 219 millones de dólares, por concepto de reparación del daño, a cambio de que la Fiscalía General de la República (FGR) retirara la acción penal en contra del empresario.

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La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la planta, que costó 273 millones de dólares, se vendió a Pemex a un sobreprecio 10 veces mayor al costo real. Además, acusa que los recursos del supuesto soborno fueron empleados por Lozoya para adquirir su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.

En la audiencia estuvieron presentes el expresidente de Altos Hornos de México, acompañado por cuatro defensores privados, así como cinco fiscales. Como ofendidos acudieron representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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