Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó este viernes la Opinión de cumplimento de obligaciones fiscales que elabora el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para probar que no ha incurrido en evasión fiscal.
“En días pasados se ha activado una campaña de desprestigio a través de voceros y espacios informativos afines al gobierno federal, que pretenden establecer que el SAT investiga o acusa a MCCI de irregularidades fiscales. No es el caso”, indicó la organización en un comunicado.
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MCCI presentó el reporte de su situación ante el SAT en el que detalla que no presenta ninguna irregularidad fiscal.
“El SAT reconoce que tenemos opinión positiva. La última actualización de esta carta fue emitida el 4 de febrero de 2021”, escribió la organización.
“Lamentamos que, mediante noticias falsas, se pretenda descalificarnos y ensuciar la conversación pública. Ante ello, seguiremos trabajando para contribuir al desarrollo de una sociedad democrática, informada y crítica”, dice el documento.
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Las acusaciones se dan luego de que MCCI presentó una serie de investigaciones para exponer casos de corrupción de funcionarios del gobierno de México y simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de AMLO y sus familiares enfrentan una serie de señalamientos por corrupción
Familiares y colaboradores cercanos del presidente López Obrador han sido señalados durante el último año de cometer actos de corrupción.
El hermano del presidente, Pío López Obrador, apareció en una serie de videos, revelados por Latinus el 20 de agosto de 2020, recibiendo dinero de David León Romero, operador político del gobierno de Chiapas, para construir la campaña con la que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia.
Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente, se benefició con contratos millonarios de Pemex, como se informó en una investigación presentada en Latinus el 3 de diciembre de 2020.
Un par de días después, Pemex reconoció la existencia de una omisión en las asignaciones; anunció una investigación y la rescisión de los contratos con la prima del presidente.
El patrimonio de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue investigado por la Secretaría de la Función Pública por omisiones en su declaración patrimonial.
El funcionario dijo tener un patrimonio de 51 millones de pesos, ingresos anuales por 11 millones más, así como dos edificios y tres locales cuando asumió el cargo. Sin embargo, la investigación de Arelí Quintero, difundida por Carlos Loret de Mola en su programa Así las cosas en agosto de 2019, reveló la existencia de 23 inmuebles adicionales en las zonas más caras de la ciudad de México, así como 10 empresas propiedad de su pareja y de sus hijos. Algunas de esas empresas recibieron contratos del gobierno.
En diciembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública confirmó que los bienes y empresas efectivamente eran propiedad de familiares de Bartlett, pero lo exoneró porque no encontró que el director de la CFE incurriera en conflicto de interés y no tenía obligación de reportar bienes de su familia.
El 1 de mayo de 2020, una investigación de MCCI reveló que el hijo de Manuel Bartlett recibió un contrato del IMSS por 31 millones de pesos con una adjudicación directa por la compra de veinte ventiladores respiratorios.
El contrato se asignó a la empresa Cyber Robotics Solutions, cuyo dueño es León Manuel Bartlett Álvarez, que vendió con sobreprecio los equipos, que además no cumplían con los requisitos acordados en el contrato.
La Secretaría de la Función Pública inició una investigación a la empresa por la venta de ventiladores al IMSS, comenzó el proceso para devolver los equipos y suspendió a 4 funcionarios involucrados en la compra.
