Verónica Juárez Piña, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, atenta contra la Constitución.
“El presidente, quien debería ser el primer obligado en cumplir la Constitución, pretende coronar ahora sus esfuerzos anticonstitucionales con una reforma eléctrica para estancar el desarrollo nacional y la inversión y generar, primordialmente, energía cara y sucia”, dijo la coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.
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Esta iniciativa de carácter preferente, se discutirá por la actual legislatura durante el segundo periodo ordinario de sesiones. En su exposición de motivos, López Obrador dijo que la reforma energética aprobada durante la administración de Enrique Peña Nieto en 2013 devino en negocios lucrativos tanto para particulares como para políticos.
La propuesta también plantea eliminar erogaciones presupuestales, pues argumenta que al tener contratos financieros y de entrega física se presenta un impacto negativo a los contribuyentes y a los recursos económicos del país.
La iniciativa de López Obrador ha sido cuestionada por especialistas debido a las consecuencias que traería en materia de energías renovables y de competencia internacional.
Juárez Piña señaló que, al igual que la propuesta para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, el mandatario ha transgredido los derechos de los mexicanos con decisiones como la aprobación de la prisión preventiva oficiosa, las facultades otorgadas a las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Pública, así como la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
En este sentido, la legisladora perredista criticó la intención del gobierno federal de desaparecer los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Ha anunciado también su pretensión de desaparecer organismos constitucionalmente autónomos, que garantizan derechos como el acceso a la información y la protección de datos personales”, afirmó.
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Marcos Aguilar Vega, legislador del Partido Acción Nacional (PAN) calificó como “absolutistas” a los gobiernos que son contrarios a lo estipulado por la Carta Magna, pues señaló que constitucionalmente la República es un ente federalista por lo que demanda la división de poderes, además de la existencia de contrapesos en el Estado.
“Rechazamos la visión centralista con afán de concentrar el poder del gobierno federal. Hoy estamos defendiendo un auténtico federalismo que haga partícipes a todas las entidades del curso que ha de tomar la República desde su propia soberanía y con suficiente autonomía”, dijo.
