La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) invalidó este miércoles los elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al señalar que invade las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y viola el marco constitucional de la libre competencia, la operación de la industria eléctrica y la transición a energías más limpias, para dar una “ventaja indebida” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con cuatro votos contra uno, la Segunda Sala avaló el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, con la que se resolvió la controversia constitucional presentada por la Cofece contra la política energética impulsada desde el 15 de mayo de 2020 por Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía.
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Los ministros declararon fundados la mayor parte de los argumentos de la Cofece y coincidieron en el proyecto que señala que esta Política “distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia y constituye un obstáculo para que el mercado de la generación y comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad”.
El documento también apunta que la Política contraviene con la reforma energética vigente desde 2014 y otorga injustificadamente una “ventaja exclusiva e indebida en favor de la CFE para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia” en el sector y para el país.
“De subsistir la disposición 5.4., se permitiría que CFE, en su carácter de generador, transportista, distribuidor y comercializador, tenga una participación importante en el Programa que contiene la planeación del Sistema Energético Nacional; lo que sin duda distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia y constituye un obstáculo para que el mercado de la generación y comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad”, señala el proyecto.
La controversia fue enviada por la Cofece a mediados del 2020 poco después de que la Secretaría de Energía emitiera la nueva norma, en la que da al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a la CFE.
Con esta decisión, la Corte revierte la política con la que la Sener dijo buscaba garantizar la confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico pero que generó una enorme inconformidad y una lluvia de impugnaciones en tribunales por parte de empresas afectadas, así como roces del gobierno con países aliados.
