AP. – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos puso fin el miércoles a un inusual acuerdo que el fiscal general de Arizona firmó con la dependencia en los últimos días del gobierno de Donald Trump para tratar de acotar la capacidad del presidente Joe Biden de revertir las políticas de migración implementadas por su predecesor.
La medida fue anunciada mientras el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, interponía una demanda para evitar que el recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, implementara la moratoria de 100 días en las deportaciones decretada por Biden. Un juez federal de Texas ya puso en pausa esta orden.
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“La comunidad de seguridad pública está particularmente preocupada por el hecho de que extranjeros que han sido acusados o declarados culpables de delitos sean puestos en libertad como resultado de la moratoria de 100 días del DHS”, señaló Brnovich en la demanda federal.
Añadió que las autoridades también temen que “liberar a individuos durante la pandemia de coronavirus abrumará aún más a los hospitales y los servicios sociales a nivel local y condal”.
Una orden judicial emitida el mes pasado prohibió temporalmente al gobierno estadounidense implementar una pausa en las deportaciones. El expediente presentado por Brnovich revela que el DHS canceló el acuerdo de inmigración que él hizo con la agencia, que era uno de por lo menos nueve acuerdos firmados por el DHS con jurisdicciones estatales y locales durante las últimas semanas del gobierno de Trump.
Los acuerdos señalan que las jurisdicciones tienen el derecho a un periodo de consulta de 180 días antes de que las modificaciones de políticas del poder ejecutivo entren en vigor.
De momento no está claro qué ha pasado con los otros acuerdos que se firmaron. El miércoles, el DHS rechazó comentar al respecto, al citar que había un litigio pendiente.
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La noticia llegó en la misma semana en la que un informante reveló que el entonces secretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, también concretó acuerdos de último momento con un sindicato del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno indicó, en una denuncia de informante enviada el lunes al Congreso y dos organismos federales, que los acuerdos laborales conceden “un poder y unos beneficios extraordinarios” al sindicato American Federation of Government Employees ICE Council 118, el cual representa a unos 7 mil 500 empleados y respaldó a Trump en 2016 y 2020.
Además de mejorar los beneficios económicos, los acuerdos dan al sindicato el poder para postergar los cambios a las políticas y a las prácticas de aplicación de la ley de inmigración, según la carta que el Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno presentó en nombre de un empleado federal que no fue identificado.
Los acuerdos permanecerían en vigor por ocho años a menos que el DHS los impugne para el 17 de febrero, que es 30 días después de que Cuccinelli los firmó.
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“Este abuso de autoridad es impresionante”, escribió David Seide, abogado del empleado no identificado, y señaló la “extraordinaria participación” de Cuccinelli.
“Es claro que son otro ejemplo de los esfuerzos del gobierno anterior en sus últimas horas para cimentar un legado a costa de los contribuyentes”, comentó.
Cuccinelli afirmó en un correo electrónico que no hizo nada malo.
“Con el consejo y la asesoría de la Oficina del Asesor Legal, ejecuté los acuerdos apropiados para abordar finalmente muchas de estas cuestiones no resueltas anteriormente”, aseveró. “Por lo que puedo decir, la base principal de la denuncia es que hice bien mi trabajo, para disgusto del denunciante”.
Los funcionarios del DHS designados por el presidente Biden no han dicho si tomarán medidas para invalidar los acuerdos laborales.
