EFE.- Un juez federal autorizó que continúe una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por una redada en la que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a un centenar de trabajadores latinos en una planta de procesamiento de carne en Tennessee, anunció este martes el National Immigration Law Center.
Los demandantes alegan que los agentes federales armados usaron tácticas militares y detuvieron a trabajadores debido al color de su piel y su apariencia. La demanda acusa directamente al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS), a la Patrulla de Caminos de Tennessee y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
El gobierno estadounidense solicitó que la demanda se desechara. Sin embargo, el tribunal federal en el este de Tennessee dio luz verde para que continúe el litigio sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza.
En abril de 2018, agentes del ICE con apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y la Patrulla de Caminos de Tennessee llevaron a cabo la mayor redada en un sitio de trabajo en casi una década. Las autoridades detuvieron a un centenar de trabajadores latinos en la planta de la firma Southeastern Provision.
Menos de un año después los migrantes afectados presentaron una demanda en tribunales federales. Las víctimas describieron cómo los agentes del ICE capturaron a casi cualquier trabajador de la planta que “parecía latino”, sin considerar su ciudadanía o documentación.
A muchos de los trabajadores ni siquiera se les pidió su documentación hasta varias horas después de la redada. Según la demanda, mientras estuvieron encerrados en un edificio, los trabajadores estuvieron esposados, incomunicados de sus abogados o familiares, y sin acceso a baños o medicinas críticas
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Acusan abusos de ICE
“La demanda se refiere a la brutalidad y el perfilamiento racial que los trabajadores encontraron a manos de los agentes del Gobierno, pero el costo humano de este abuso del poder va mucho más lejos”, sostuvo Lisa Sherman Nikolaus, directora ejecutiva de la Coalición Tennessee de Derechos del Refugiado y el Inmigrante.
“Esperamos que esta demanda obtenga un grado de justicia para los trabajadores cuyos derechos fueron violados en una redada diseñada para infundir miedo a las comunidades inmigrantes“, agregó.
Araceli Martínez Olguín, del National Immigration Law Center, dijo que la decisión del tribunal “reconoce el racismo y la inconstitucionalidad de la conducta del gobierno durante la redada“.
“Este es al mismo tipo de ‘perfilamiento racial’ que las comunidades inmigrantes han advertido que es inherente a las redadas en los sitios de trabajo”, agregó.
Meredith Stewart, del Southern Poverty Law Center (SPLC), indicó que las leyes “protegen a las personas, exactamente, contra este tipo de conducta errónea: no se puede arrestar a alguien solamente por su raza”.
En julio del año pasado la firma Southeastern Provisions señaló que pagaría más de 600 mil dólares en sueldos retenidos e indemnizaciones a decenas de trabajadores detenidos en la redada de 2018.
“La resolución de esta disputa confirma nuestra noción de que los trabajadores detenidos por el ICE eran víctimas de explotación laboral flagrante, incluidos el hurto de sueldos y condiciones de trabajo inadecuadas, por muchos años”, según dijo entonces Julia Solórzano, abogada del SPLC.
