AP.- Deborah Archer, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York con experiencia en derechos civiles y justicia racial, se ha convertido en la primera presidenta afroamericana en los 101 años de historia de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
La ACLU anunció el lunes que Archer fue elegida durante el fin de semana en una reunión virtual de la junta directiva de 69 miembros de la organización.
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Sucede a Susan Herman, profesora de la Facultad de Derecho de Brooklyn, que se desempeñó como presidenta desde 2008.
Como octavo presidente de la ACLU desde 1920, Archer actuará como presidenta de su junta directiva, supervisando los asuntos organizativos y de políticas de libertades civiles. Se espera que la lucha contra la injusticia racial sea una prioridad.
Las operaciones diarias de la ACLU son administradas por su director ejecutivo, un cargo que ocupa actualmente Anthony Romero.
Durante los cuatro años en el cargo del expresidente Donald Trump, la ACLU presentó 413 demandas y otras acciones legales sin precedentes contra su administración.
Estas demandas desafiaron las políticas relacionadas con los derechos de los inmigrantes, los derechos al voto, los derechos LGBT, la justicia racial, entre otros temas.
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La campaña contra la administración de Trump, promovida con el lema de “Nos vemos en la corte”, impulsó enormes aumentos en las donaciones y la membresía.
Según Romero, la oficina nacional de la ACLU y sus afiliadas estatales recibieron alrededor de 175 millones en donaciones en los tres meses posteriores a la elección de Trump, lo que ayudó a financiar una importante expansión del personal.
Archer, larga trayectoria en ACLU
Deborah Archer fue becaria legal en la ACLU en 1997-98 después de graduarse de la Facultad de Derecho de Yale.
Ha sido miembro de la junta de la ACLU desde 2009, y consejera general y miembro del comité ejecutivo de la junta desde 2017.
En NYU Law School, Archer es profesora de Derecho Clínico y directora de su Clínica de Derechos Civiles.
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Se ha desempeñado como presidenta de la Junta de Revisión de Quejas Civiles de la Ciudad de Nueva York, que investiga la supuesta mala conducta policial, y también fue abogada asistente en el Fondo Educativo y de Defensa Legal de la NAACP.
