Reuters.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) postergó este miércoles la discusión de una controversia constitucional en contra de la política energética del gobierno Federal sobre el sector eléctrico, que la autoridad antimonopolios asegura afecta gravemente a las empresas del rubro.
La controversia fue enviada a la Corte en 2020 por la Cofece, la autoridad de competencia económica, poco después de que la Secretaría de Energía (Sener) emitiera una nueva norma en la que da al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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La nueva política, que también modifica las reglas sobre quién puede generar electricidad, en qué cantidad y que fija nuevos lineamientos para las centrales renovables, ya ha sido recurrida en tribunales locales, que han amparado ya a varias empresas con recursos legales para frenar su aplicación.
La disputa se da en medio de una manifiesta intención del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno de favorecer a las empresas estatales de energía, la CFE y la petrolera Pemex, y ha insinuado la posibilidad de revertir una reforma energética llevada a cabo en el anterior gobierno, que abrió por completo el sector a la inversión privada.
López Obrador asegura que la reforma energética favoreció al capital privado en detrimento de la CFE y de Pemex, que pasan por una grave situación financiera.
Analistas y empresarios están atentos a la discusión de la controversia constitucional en la Corte, pues podría marcar el rumbo a seguir en los próximos años.
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“Podría generar un precedente que inhiba inversiones el sector de las renovables, pero que ponga en alerta a otros participantes del sector ante la fragilidad institucional”, dijo Pablo López, investigador de la reconocida institución académica TEC de Monterrey.
El debate en la Corte se da también en medio de una campaña del presidente en contra de los organismos autónomos, como la Cofece o el instituto de transparencia INAI, a los que quiere dejar completamente bajo el gobierno federal argumentando que son costosos y que propician la corrupción.
