Este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el documento que incluye los lineamientos que deberán seguir los funcionarios de los tres órdenes de gobierno (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) cada vez que se relacionen con agentes extranjeros.
Los lineamientos abarcan, principalmente, la acreditación de agentes extranjeros, el reporte de los datos obtenidos y la confidencialidad de la información recabada.
De acuerdo con la publicación, esta reglamentación aplicará para los agentes extranjeros acreditados que realicen actividades relacionadas con preservar la seguridad nacional. Esto debe estar dentro de los convenios y programas que México tiene con otros países.
Los agentes extranjeros serán acreditados como “funcionarios consulares” cada que desempeñen actividades de seguridad en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encargará de designar estas acreditaciones tras el visto bueno de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, y de Marina.
Esta reglamentación obliga a los funcionarios mexicanos a reportar a las secretarías antes citadas cualquier intercambio de información con agentes extranjeros.
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“Los servidores públicos deberán informar por escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores, y de Seguridad y Protección Ciudadana, en las direcciones de correo electrónico establecidas para el efecto, dentro de los tres días hábiles siguientes, cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros acreditados en México, en otros países o en su país de origen”, señala el documento.
Entre las cosas que las embajadas y misiones extranjeras en México deberán informar a las autoridades nacionales están los hechos que “podrían tener un impacto significativo en la vida del país, que representen una amenaza a la seguridad nacional o que se refieran a presuntas conductas delictivas de servidores públicos o exservidores públicos mexicanos involucrados en materia de seguridad”.
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De acuerdo con los lineamientos, la información generada, obtenida o adquirida estará sujeta a la legislación en materia de transparencia y datos personales.
“Se observará también lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y los tratados de asistencia jurídica de los que son parte los Estados Unidos Mexicanos respecto a la confidencialidad y reserva de información”, se lee en la publicación.
Estos lineamientos se aplicarán de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión y propuesta por el presidente López Obrador.
