En centros penitenciaros se atropella la dignidad humana, no son “hoteles de lujo”: OSCs a AMLO

Centros penitenciarios no son hoteles de lujo: responden asociaciones a AMLO
Foto: Shutterstock

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) manifestaron su rechazo a las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador,  tras llamar “hoteles de lujo” a los centros penitenciarios, pues afirman que sus comentarios desvían la atención de los abusos a los derechos humanos que ocurren en estos lugares.

“Los centros penitenciarios no son hoteles de lujo. Son mecanismos institucionales en los cuales miles de personas sufren atropellos graves a su dignidad humana”, explicó la organización civil AsíLegal a través de un comunicado firmado por más de 50 asociaciones.

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“Las Organizaciones de la Sociedad Civil expresamos grave preocupación por la estrategia llevada a cabo desde el gobierno federal con respecto a los Centros de Reinserción Privados o Centros de Reinserción Social (Ceresos) por Contrato de Prestación de Servicios”, detallaron en diferentes comunicados. 

Resaltaron el peligro de llamar a estos centros “hoteles de lujo”, pues lleva a desviar la conversación de la realidad del sistema penitenciario, donde se sufren abusos como tortura sistemática, abuso de prisión preventiva, reincidencia delictiva y varios tipos de violencia.

Además de “falta de condiciones de vida digna y (abusos) a miles de personas que por los traslados masivos han sido alejadas de sus familias”.

Organizaciones acusan violaciones a los derechos humanos

Este miércoles, en conferencia de prensa, López Obrador criticó que durante el sexenio de Felipe Calderón se firmaron contratos con empresas para brindar servicios a estas prisiones por más de 266 mil millones de pesos. 

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Destacó que, a la fecha, quedan pendientes de pagar 190 mil millones de pesos.

No obstante, las organizaciones puntualizaron que estas cifras no significan que los internos de estos centros penitenciarios tengan “condiciones de lujo”, ya que han documentado violaciones a los derechos humanos.

Las organizaciones lamentaron que durante los últimos dos años, bajo la administración de López Obrador, se han cerrado cinco de los Centros Federales de Reinserción Social más grandes del país: Islas Marías, Puente Grande, Sureste de Huimanguillo, Norte de Ciudad Juárez y Matamoros. 

“Estos cierres parecen atender a un foco del que el gobierno federal no ha querido bajar el dedo del renglón: se necesitan ocupar los centros penitenciarios, pues se están pagando extraorbitantes cantidades de dinero público para su operación y uso, cuando hay pocas personas privadas de libertad dentro de ellos”.

Explicaron que estos centros se han mantenido al margen de sus capacidades, tanto de cantidad de personas como de servicios prestados, “por lo que se han llevado a cabo más de 3 mil 500 traslados de personas privadas de libertad de diferentes centros del país hacia ellos”. 

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Los traslados, detallaron, además de generar situaciones de extrema vulnerabilidad para abusos de derechos humanos, “causan la transferencia de la pena a sus familiares”.

“Los familiares son quienes  se ven afectados por los costos para hacer visitas, dar víveres o, en los peores casos, la desaparición, tortura y falta de información de la persona privada de libertad”, expresaron

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