El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que familiares del expresidente Carlos Salinas de Gortari recibieron contratos con penales privados, mismos que ayer mencionó que buscará cancelar si no se llega a un acuerdo para disminuir los recursos que se ocupan por cada persona recluida.
“Vamos a revisar los contratos de los penales. (…) Y los contratos entregados a puro influyente y hasta a dueños de medios de información, y a políticos o familiares de políticos. Uno de esos que recibieron contratos (fueron) los cuñados de Carlos Salinas de Gortari. Se servían con la cuchara grande, por eso no hay investigación”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional.
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“Un costo por recluso sin incluir vigilancia, sin incluir lo que paga el Estado por la custodia, es de tres mil 500 pesos diarios por recluso. Al mes, como 100 mil pesos, lo que está ganando el Presidente. 16 mil millones de pesos al año”, dijo.
Es un “gran abuso” pagar 16 mil millones de pesos al año por 12 mil reclusos que están en ocho penales, dijo el presidente este jueves.
López Obrador informó el miércoles que su gobierno va a preparar una denuncia para cancelar los contratos con los penales privados en caso de que no se llegue a un acuerdo para disminuir el dinero que ocupan por cada recluso.
Estos contratos, precisó ayer Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se firmaron cuando Genaro García Luna fue secretario de Seguridad.
López Obrador aseveró que ya existe una denuncia presentada en la Fiscalía General de la República (FGR) pero dio instrucciones al consejero jurídico “para que hable con los proveedores de estos servicios y se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente”.
“Y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la Hacienda Pública. Se va hablar con cada uno de ellos. Lo siguiente o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”, precisó el mandatario.
Los contratos se firmaron para penales en los estados de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Guanajuato.
