De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la administración del exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, facturó más de 36 mil millones de pesos para al menos 500 empresas fantasma.
La dependencia informó que, como resultado de la operación “Justicia para Chihuahua”, se detectaron 519 empresas fantasma a través de las cuales la administración Duarte facturó 36 mil 366.9 millones de pesos.
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De esas 519 empresas fantasma, que operaron entre 2013 y 2016, 40 fueron proveedores de primer nivel, que facturaron de manera directa al Gobierno de Chihuahua 558 millones 171 mil 533 pesos.
Mientras que mediante empresas privadas se facturaron un total de 5 mil 522 millones 991 mil 248 pesos.
Otros 479 proveedores de segundo y tercer nivel facturaron un total de 29 mil 985 millones, 731 mil 749 pesos.
Hacienda determinó que las empresas fantasma operaron en 22 entidades del país. El 29% en el estado de Chihuahua, 40% en Jalisco, el 20% en la Ciudad de México y el resto en otros estados.
Asimismo, estableció que el 35% de las empresas fantasma comparten domicilio, socios o representantes legales; el 18% fueron liquidadas o suspendidas después de utilizarlas y el 74% no cuenta con activos, empleados, o capacidad material para brindar el servicio o proveeduría para lo que eran contratadas.
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Hacienda indicó que se involucraron 383 contribuyentes, de los cuales 141 fungieron como proveedores directos o de primer nivel y 242 de segundo, tercer y cuarto nivel, es decir, como proveedores de proveedores, según con comunicado del Gobierno de Chihuahua.
En total, hasta ahora se han detectado 27 “esquemas agresivos de evasión fiscal” entre los que sobresalen los siguientes:
Uno que se convirtió en el segundo proveedor más importante del Gobierno; otro mediante un esquema nacional corporativo (Nepk); uno más mediante simulación en la Secretaría de Educación a través de las firmas Sisas, Sinax, Samex y Futura; y otro mediante constructoras en Hidalgo del Parral.
Otro esquema más fue utilizado para “compra” de leche en el DIF; otro para la prestación de servicios administrativos al Gobierno; uno más como apoyos a “fondo perdido” y el que se empleó para saquear al Sector Salud.
Además de estos, según el Gobierno de Chihuahua, se han documentado 19 esquemas más, los cuales están en confidencialidad por tratarse de procedimientos fiscales vigentes.
