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EFE.- El gobierno de México cerró este domingo el penal número 9 Norte de Ciudad Juárez, en Chihuahua, en la que estuvo encarcelado el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras años de trato deficiente a los reclusos.
“Se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte”, anunció la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en el Diario Oficial de la Federación.
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La dependencia estableció que todos los reclusos del penal serán “trasladados a los centros federales de readaptación social que determine el comisionado de Prevención y Readaptación Social”.
También serán “reubicados en otros centros penitenciarios federales” los trabajadores de la cárcel, cuyos derechos laborales “serán respetados conforme a la ley”, aseguró el gobierno.
Ante el cierre sorpresivo de la cárcel, que funcionaba como prisión federal desde 2011, varias familias de reclusos se concentraron a las puertas del recinto para exigir conocer su nuevo paradero.
Esta prisión, criticada durante años por las condiciones de los presos, fue el último centro penitenciario mexicano que pisó “El Chapo” antes de ser extraditado en enero de 2017 a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua.
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“El Chapo” fue enviado a este penal en mayo de 2016, desde la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, donde fue encerrado al ser recapturado por segunda vez.
Según el informe penitenciario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cárcel federal de Ciudad Juárez tenía en 2019 una población de 541 reclusos de una capacidad para mil 216 presos.
La prisión obtuvo una calificación de 7.42 puntos, ocupando el lugar número 12 de los 17 penales federales de México, de acuerdo con el organismo de defensa de los derechos humanos.
La CNDH detectó deficiencias en los servicios de salud y en las condiciones higiénicas del penal, así como insuficiente personal de custodia y una falta de actividades educativas, deportivas y de prevención de adicciones.
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En el acuerdo sobre el cierre del penal, el gobierno alegó que “es necesario generar acciones para la modernización y reingeniería en materia penitenciaria” y que los penales deben tener “la infraestructura, recursos humanos y materiales suficientes para atender a la población penitenciaria”.
“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final del bien inmueble que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte”, concluyó.
En México hay cerca de 17 mil reclusos en cárceles federales y 176 mil en prisiones estatales, muchos de los cuales están en condiciones de hacinamiento.
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