EFE.- Los fiscales de 16 estados enviaron este lunes una carta al gobierno del presidente Donald Trump pidiéndole retirar una propuesta que busca restringir la aprobación de permisos de trabajo a migrantes con orden de deportación, que afectaría cerca de 17 mil migrantes.
La misiva encabezada por el fiscal de California, Xavier Becerra, y la procuradora de Nueva York, Letitia James, advierte que la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) provocará un daño económico directo en las comunidades de migrantes, las pequeñas empresas y los estados.
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La nueva regulación se encuentra en el periodo de 60 días para recibir comentarios sobre la “Autorización de empleos para ciertas clases de extranjeros con órdenes de expulsión definitivas”.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), bajo las regulaciones actuales “un extranjero que tiene una orden final de remoción y que es liberado temporalmente de la custodia del DHS bajo una orden de supervisión (OSUP) es generalmente elegible para un documento de autorización de empleo (EAD)”.
“Esto desalienta al extranjero de partir o cooperar con su país de origen para obtener documentos de viaje para salir de Estados Unidos. Estos extranjeros han utilizado recursos gubernamentales sustanciales durante todo el proceso de remoción y en última instancia un juez de migración les ha ordenado su remoción de Estados Unidos“, explicó USCIS en un comunicado al emitir la regla en noviembre pasado.
Al respecto, Becerra dijo que “no se debe negar a las familias migrantes trabajadoras la oportunidad de obtener un ingreso básico para mantenerse a flote. No están pidiendo limosna”.
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“Esta propuesta no solo es contraria a la ley, es cruel y amenaza con dañarnos a todos. Proporcionar incluso lo mínimo en protección legal y tratar a los trabajadores con dignidad no debería ser tema de debate”, agregó el fiscal californiano.
Los procuradores de los 16 estados también afirman que el DHS actuó en contra de la voluntad del Congreso al proponer una regla que requeriría que los funcionarios de inmigración ignoren la posibilidad de que los extranjeros obtengan permisos de trabajo bajo la ley de Migración.
Además subrayaron que el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, no fue designado adecuadamente para ese cargo y, por tanto, sus acciones, incluida esta regla propuesta, no son válidas según la ley federal y la Constitución.
Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Rhode Island también hacen parte de la coalición que se opone a este cambio.
