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El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo el viernes que le preocupan las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso para regular la presencia y operación de agentes extranjeros en el país, y afirmó la aprobación de estas haría que los ciudadanos de ambas naciones estén menos seguros.
Por medio de un comunicado, Barr apuntó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos “está comprometido a trabajar con el gobierno de México para combatir a los criminales transnacionales” que amenazan a los dos países, y dijo que esta cooperación siempre se ha dado dentro “un marco de larga data que fue diseñado para abordar de manera conjunta los desafíos compartidos”.
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Como ejemplo de lo anterior, el fiscal general mencionó el caso del exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuegos, quien fue devuelto a México tras ser detenido por autoridades estadounidenses en Los Ángeles, California, para que sea investigado allí.
Por ello, Barr afirmó que le preocupa la legislación que actualmente se encuentra en el Congreso mexicano, que “tendría el efecto de dificultar la cooperación entre ambos países”.
“La aprobación de esta legislación únicamente puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales contra los que estamos luchando conjuntamente”, agregó Barr.
El jueves pasado, López Obrador dijo que los agentes de Estados Unidos que realizaban operaciones en territorio mexicano tenían completa libertad de acción porque no habían leyes que lo impidieran.
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El presidente aseguró que hubo acuerdos que no se cumplieron y mencionó el caso de Cienfuegos, agregando que “no puede haber cooperación si no hay confianza”.
La iniciativa de López Obrador propone que entre funcionarios nacionales y extranjeros se compartan información de inteligencia con fines de seguridad.
Los agentes extranjeros podrán internarse temporalmente en México, pero deberán intercambiar información con el Estado mexicano.
Los permisos de internación temporal los entregará la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que deberá acordar con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina, y también deberá aplicar el principio de reciprocidad bilateral.
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