Tras el aval del Senado a una ley que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas sin la autorización de un juez, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó este lunes su preocupación porque no garantiza los derechos procesales de las personas y exigió certeza en los criterios sobre esta acción.
“La Coparmex exige a la UIF, certeza y objetividad en los criterios que provocarán la inclusión en la lista de personas bloqueadas, dado que estos no deben ser facultades discrecionales, ocultas o difusas definidas por la autoridad, y para garantizar que no haya uso indebido de estas atribuciones”, indicó el organismo que dirige el empresario Gustavo de Hoyos.
A través de un comunicado, la Coparmex señaló que es preocupante que la UIF pueda bloquear cuentas, de forma unilateral, cuando cuente con indicios suficientes que se trata de personas o actos relacionados con delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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“Consideramos que en la iniciativa se intenta solventar la falta de correspondencia señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al establecerse el procedimiento de bloqueo de cuentas, incluyendo la garantía de audiencia, pero no se distingue el tipo de acto o investigación que motiva el bloqueo, lo cual podría derivar en actos discrecionales de la autoridad”, explicó.
Lo anterior, toda vez que la Coparmex señaló que no hay garantías en que dicha reforma respete los derechos procesales de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas.
Además calificó como preocupante que tampoco se garanticen derechos de las personas como su garantía de audiencia o que se establezcan plazos para comparecer ante la UIF, para que dicha Unidad emita una resolución fundada y motivada que podría ser impugnada por el interesado.
El pasado 18 de noviembre, el Senado de la República aprobó un dictamen para reformar la Ley de Instituciones de Crédito y facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas y abrir investigaciones sin necesidad de un mandato judicial.
La reforma también establece que serán las instituciones bancarias y no la UIF las responsables de notificar a las personas cuando sus cuentas sean congeladas.
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