La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al Estado mexicano frenar los feminicidios y garantizar la justicia ante la violencia de género.
En la Recomendación General 43/2020 se destaca que “la violencia en contra de las mujeres en México tiene raíces profundas que derivan de la discriminación reiterada y normalizada a través del tiempo”.
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“Prueba de esto es el incremento de los casos de agresión, acoso, hostigamiento y violencia física, psicológica y sexual al que se enfrentan en todo el territorio nacional, y que se evidencia en los 180 mil 646 casos registrados, tan sólo de enero a julio de este año, donde 549 corresponden al delito de feminicidio”, detalló la CNDH.
La Comisión Nacional considera urgente frenar la expresión más extrema e irreversible de las violencias cometidas hacia las mujeres: el feminicidio.
“Se considera necesario redirigir, armonizar, modificar y fortalecer las políticas públicas, legislaciones, estrategias y planes de gobierno que permitan a las mujeres acceder de manera eficaz a mecanismos de protección en todos sus ámbitos”.
Estamos, agrega la CNDH, convencidos de que, además de adecuar la legislación y mecanismos de protección para las mujeres, es fundamental empujar un cambio cultural de fondo, para dejar atrás la normalización y minimización de las distintas formas de violencia de género en nuestra sociedad.
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En la recomendación solicita al Estado realizar un reconocimiento conjunto, público y abierto de la grave situación por la que atraviesan las mujeres en nuestro país por razón de género, y en el que se comprometan, en el ámbito de sus respectivas competencias, a realizar acciones para prevenir, eliminar y erradicar todo acto de violencia contra las mujeres.
“Es imperioso diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento a una política pública integral y de carácter nacional, con enfoque de derechos humanos y de género para prevenir, atender y sancionar el feminicidio”.
Es fundamental, agrega la recomendación, que las autoridades del Estado se abstengan de estigmatizar y criminalizar a las y los ciudadanos que lleven a cabo manifestaciones, creando los protocolos de actuación aplicables en reuniones y manifestaciones sociales pacíficas, y que deberán estar armonizado con la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza.
