Por Isabella González
La iniciativa para reformar el Poder Judicial concentra mucho poder en la figura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmaron académicos.
En entrevista con Latinus, Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseveró que la reforma tiene propuestas preocupantes sobre todo en un contexto en donde la división de poderes se debe de mantener.
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“Es una reforma que fortalece el poder en el Consejo de la Judicatura, lo que significa que concentra mucho el poder en el presidente de la Corte, que es el mismo para el Consejo”, explicó.
“Una de las fortalezas del Poder Judicial son sus decisiones colegiadas, entonces cuál es el sentido de concentrar tanto poder en una sola persona y que no tenga controles. Es muy preocupante en el contexto que estamos viviendo en donde la concentración del poder en pocas personas se está viendo cada vez más”, añadió.
El coordinador de la línea de investigación de Estructuras Judiciales y director de la revista Reforma Judicial aseguró que lo que requiere el país es una reforma al sistema de justicia y no precisamente al Poder Judicial.
“Se requiere que los tribunales del fuero común tengan una relación constructiva con el Poder Judicial, buscar cómo mejorarlos, no seguir creando un Poder Judicial intocable”, aseveró.
“Estamos viviendo un gobierno mayoritario en el que se tiende a hacer lo que su santa voluntad quiere. La Corte debe de estar para defender los principios de la Constitución, no una afiliada al Poder Ejecutivo”.
Los puntos en los que se abriría la puerta para concentrar más poder en el presidente de la Corte y en el presidente del Consejo, que actualmente es Arturo Zaldívar, son eliminar la facultad de la Corte de revisar los acuerdos del CJF; el hecho de que el Consejo pueda designar órganos jurisdiccionales ad hoc para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia y modificar el sistema de jurisprudencias por uno de precedentes en la Corte.
También la propuesta de reestructurar el artículo 103 para precisar que la competencia de los tribunales federales en amparo se limite a las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos y el punto para establecer la inimpugnabilidad de los autos que desechen la revisión en amparo directo.
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“Con la eliminación de la facultad de la Corte para revisar los acuerdos del Consejo básicamente deja intocable lo que se decida por el CJF”, alertó Concha.
“Se quiere establecer una jurisprudencia veloz, hoy en día la exigencia de las cinco sentencias sí es lento, pero es una previsión para que la Corte no sea un órgano que emita leyes de manera rápida, ese es el congreso, está pensado para que sea en casos necesarios, para que sea un complemento del congreso”, agregó.
Ricardo Silva Díaz, rector de la Escuela Libre de Derecho, expuso que aunque desde hace varios años se han formado grupos de interés dentro del Poder Judicial, no es centralizando las decisiones como se erradique el problema.
“En este gran discurso de hacer una justicia cercana no es conveniente que se centralice la toma de decisiones, sino que se priorice la toma de decisiones colegiadas y muchas de las propuestas que se incorporan en la iniciativa estarían centralizando la toma de decisiones a una sola persona y limitando las decisiones colegiadas”, manifestó.
Destacó la propuesta de la designación de tribunales ad hoc para asuntos de derechos humanos o “de relevancia social”.
“La justicia siempre debe impartirse de manera neutral a pesar de que exista una violación grave a derechos humanos o sea una situación de relevancia, eso no justifica que se decida quién va a dirigir el sentido de una decisión”, indicó.
“Prever la decisión de un juzgador rompe con la imparcialidad que se pueda tener”, añadió.
Los especialistas coincidieron en que aunque la iniciativa se presentó en febrero, en las últimas dos semanas se ha acelerado su discusión y aprobación en el Senado, donde se prevé llevarla al Pleno este viernes.
“Toda reforma constitucional requiere una seriedad de un proceso de discusión de todos los actores. A esta reforma le hace falta discusión y el hecho de que se quiera acelerar sí parece que se está apurando para imponer una reforma, lo cual siempre va a ser criticable”, expresó Silva.
Gabino González, investigador en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho A.C., resaltó que la propuesta de que la Corte no analice cuestiones de legalidad elimina una vía de escape para diferendos en los diferentes niveles de gobierno.
“Parece que a cuento de convertir a la Corte en un verdadero órgano constitucional se está buscando concentrar el poder en el presidente de la Corte”, dijo.
“Se está apresurando una discusión que si bien el documento se presentó desde febrero, no se habían generado estos espacios de diálogo”, agregó.
