La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados calificó de “terrorismo fiscal”, el hecho de equiparar el outsourcing con la delincuencia organizada.
Los diputados perredistas aseguran, incluso, que son excesivas las sanciones previstas en la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la subcontratación laboral.
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“Quienes subcontraten o contraten servicios u obras especializadas sin autorización pueden tener una sanción de más de 4 millones de pesos”, explicó Verónica Juárez, coordinadora de la bancada perredista.
De la misma forma, añadió, la propuesta reconoce a las agencias de colocación como intermediarios laborales, pero no les permite ser considerados como patrones.
“Sin estas sanciones excesivas, una acción eficaz y coordinada de la autoridad sería suficiente para evitar los efectos más nocivos de la subcontratación, por lo que este rubro debe ser revalorado por las comisiones dictaminadoras”, consideró la legisladora.
Juárez aclaró, al respecto, que el grupo parlamentario del PRD en San Lázaro no está de acuerdo en que la práctica del outsourcing siga representando injusticias para los trabajadores.
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“Pretender que no es el momento para una reforma de este tipo es defender la simulación en que se encuentran 4.6 millones de trabajadores sin estabilidad en el empleo, sin prestaciones”, opinó.
El pasado 12 de noviembre, el presidente López Obrador presentó una iniciativa de ley para regular la subcontratación laboral. Ese día la envió al Congreso.
“Se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y afecta a los trabajadores porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales”, dijo el mandatario.
Días después, se comprometió a que también se eliminará esa práctica del Gobierno, aunque dijo desconocer si existía.
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