EFE.- Una jueza federal dictó este jueves formal prisión para el capitán José Martínez Crespo, el primer militar detenido por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y encarcelado hoy bajo el cargo de “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud”.
La jueza segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) “aportó elementos suficientes” para que el militar enfrente un proceso penal por dicho delito.
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Sobre la decisión de la jueza, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que “la acusación es por presuntos vínculos con la organización Guerreros Unidos“, grupo delictivo señalado como responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Crespo fue arrestado en la prisión del campo militar número 1-A, el pasado 13 de noviembre, donde se presentó voluntariamente, y fue acusado de delincuencia organizada en la modalidad de narcotráfico.
Aunque su arresto está relacionado con el caso Ayotzinapa, la acusación que pesaba sobre Crespo, adscrito en el 27 batallón de infantería en Iguala, Guerrero, donde sucedieron los hechos, fue por delincuencia organizada y no por desaparición forzada.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa fueron detenidos por policías en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.
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El gobierno de Peña Nieto descartó la participación en el caso de militares y policías federales.
La “verdad histórica” fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El pasado 26 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció órdenes de captura contra miembros del Ejército.
“Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado”, expresó el mandatario en una reunión en Palacio Nacional con familiares de las víctimas.
