La Cámara de Diputados avaló este jueves una minuta enviada por el Senado sobre el decreto de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Con el nuevo formato, se fijó fecha para la entrada en vigor de la convocatoria para el 15 de julio del 2021.
Los legisladores aceptaron la modificación de los senadores sobre un cambio al artículo Primero Transitorio del Decreto con el que además se permitirá que no sea suspendida la propaganda gubernamental sobre la consulta.
Con 306 votos a favor y 154 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado de la República.
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Este aplazamiento también permite que el presidente de la República pueda seguir hablando del tema ante los medios de comunicación.
Toda propaganda desde el gobierno respecto a la consulta debió prohibirse desde el 29 de octubre pasado, de acuerdo al decreto aprobado por el mismo Congreso el 22 de octubre pasado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de octubre pasado.
El diputado Cruz Juvenal Roa (PRI) consideró que es una “consulta amañada y es un instrumento jurídico imperfecto que ha demostrado la necesidad de una reforma integral a la propia Ley de Consulta Popular”.
La propuesta del cambio de fecha, que salió del Senado, menciona que tiene la intención de aprovechar los recursos destinados a la organización del proceso electoral 2021 por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
El instituto dio a conocer en días pasados que el costo para realizar la consulta para juzgar a expresidentes será de mil 499 millones 392 mil 669 pesos.
Destacó que la solicitud de estos recursos adicionales serán sometidos a consideración del Consejo General, a fin de no afectar las actividades de la institución durante el proceso electoral ya en curso.
La consulta se realizará el domingo 1 de agosto de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, según la convocatoria, dentro de las demarcaciones que determine el INE.
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La pregunta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para empezar un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
