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“El pretexto ahora es la vacuna, después será el Tren Maya, Dos Bocas o el beisbol”: pacientes con VIH

“El pretexto ahora es la vacuna, después será el Tren Maya, dos Bocas o el beisbol”: pacientes con VIH
Foto: Twitter / @ALEIDAALAVEZ

Por Ana Lucía Hernández

Colectivos LGBTI, defensores de derechos humanos y pacientes con VIH señalan de “criminal” que diputados y senadores hayan aprobado la reforma a la Ley General de Salud que permite al gobierno disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, antes Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

De acuerdo con legisladores de Morena, autores de la iniciativa, los recursos pasarán a la Tesorería de la Federación donde se “atenderán prioridades sanitarias”, de manera inmediata, argumentan, la compra de vacunas contra Covid-19. Sin embargo, los colectivos denuncian que no hay candado, por lo que después de la emergencia sanitaria el dinero podría usarse de manera discrecional.

“Ahora es el tema de la vacuna, pero después se puede llamar Tren Maya, Dos Bocas o beisbol. Por eso nosotros pedimos que se etiquetaran los recursos de ese fondo, que si se iba a sacar (a la tesorería), se fuera etiquetado en materia de salud, pero por supuesto no sucedió”, dijo en entrevista con Latinus Alaín Pinzón, director de Colectivo VIH ve Libre.

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“La preocupación es que al quedarse sin una etiqueta específica en el recurso se corre el riesgo de que el próximo año si pasa algo más o si hay otra prioridad para el presidente, vaya a decir ‘agarren dinero de donde puedan’, porque vemos que así se viene haciendo”, asegura Ricardo Baruch, especialista en salud pública y derechos LGBTI.

Critican que los legisladores de Morena hayan festejado la reforma cuando falta dinero para atender enfermedades catastróficas como cáncer y VIH. “La senadora Antares Vázquez dijo, lo digo textual: ‘ese dinero del fondo es un dinero ocioso, lo que tenemos que hacer es sacarlo y hacerlo productivo’, bueno, si es un dinero ocioso y los pacientes de VIH no tenemos una cobertura integral, hospitalaria, entonces lo más justo es que nos garanticen el servicio”, agrega Alaín Pinzón.

El Insabi, explica Luis Adrián Quiroz, representante del Movimiento Nacional de Lucha Contra el VIH, solo cubre detección, medicamentos y pruebas de laboratorio; sin embargo, no garantiza atención gratuita integral: “Quien tiene VIH y se atiende en el Insabi tiene que pagar de su bolsillo tratamientos para la diabetes, la hipertensión, daño renal y todas las cardiopatías porque no se incluyen (…) Se nos prometió que el Insabi iba a ser la panacea, que se iba a garantizar la atención a todas las personas y al final copiaron el mismo modelo del Seguro Popular, que decían no era seguro ni popular, pero entonces el Insabi no garantiza salud y mucho menos bienestar”.

Tras la aprobación del dictamen, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y SIDA (Censida) informó que para el 2021 están asegurados los recursos para la compra y distribución de antirretrovirales. Sin embargo, las volátiles decisiones del gobierno federal hacen dudar a los colectivos: “Desde el partido mayoritario y sus aliados no están cumpliendo con la promesa que nos hicieron (…) En el caso de Censida, ahí hay personas aliadas, muy comprometidas, pero este tipo de decisiones se toman desde hacienda o desde más arriba y ahí ya no se puede hacer nada”, afirma Ricardo Baruch.

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Coinciden en que no invertir en prevención y tratamiento de VIH es criminal. Alertan que en los últimos cinco años se ha registrado un aumento considerable de casos positivos: “A partir de 2015 empieza a subir nuevamente la curva epidémica, de más o menos unos 10 mil nuevos casos al año a entre 15 y 20 mil nuevos casos, lo que quiere decir que no necesariamente estamos haciéndolo bien en el tema de prevención y de detección oportuna”, agrega.

Alaín Pinzón asegura que el peor escenario se vive en el Instituto Mexicano del Seguro Social: “Nos dicen las guías internacionales que cuando una persona es detectada con VIH no tiene que tener más de siete días sin tratamiento. Sin embargo, en México ocurre todo lo contrario. En instituciones como el IMSS llegan a tardar hasta 10 meses sólo en el trámite burocrático (…) Estamos muy lejos de estar bien. Tenemos un problema de desabasto de antirretrovirales continuo casi permanente en el IMSS, en el ISSSTE ha mejorado bastante, pero hay problemas”.

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