La secretaria de Energía, Rocío Nahle, defendió este lunes ante el Senado el decreto que emitió como parte de la política energética que permanece impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); afirmó que el decreto busca garantizar la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Durante su comparecencia, aseguró que la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el SEN reemplaza a la anterior, que únicamente abordaba una parte del Sistema, dejando “enormes lagunas (legales)” que permitieron dispendios entre generadores de luz.
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“Actualmente este acuerdo está en la Suprema Corte y estamos a la espera de que se resuelvan las controversias constitucionales interpuestas para tomar las acciones necesarias. Ya sea dar continuidad a dicho acuerdo o será en esta soberanía que se determine el cambio constitucional si en su caso así se determina”, explicó.
El 15 de mayo, la Sener publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), días después recibió las primeras controversias constitucionales por parte de algunos gobiernos y órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Nahle García detalló que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantendrá respetuoso de la ley; sin embargo, aclaró que “tenemos que garantizar la seguridad nacional del SEN”.
López Obrador anunció el fin de semana que de ser necesario planteará una reforma a la Constitución para defender “el interés público”, luego de que la Corte suspendió el acuerdo de la Sener que modifica las reglas sobre la energía renovable a particulares.
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“Vamos a ver si no hay otra instancia para defender el interés público, si es necesario propondría, en su momento, una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la Nación sobre los recursos naturales y para que el interés del pueblo esté por encima de intereses personales o de grupos, por legítimos que sean”, indicó el en conferencia de prensa.
Además de la Cofece, los gobiernos de Tamaulipas, Colima y Jalisco han presentado controversias constitucionales contra la política energética de la Sener.
Los mandatarios han expresado que los lineamientos de la dependencia representan “un claro retroceso para el país desde el punto de vista climático, energético y de salud pública con fuertes implicaciones políticas, económicas, ambientales y sociales”.
