El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, afirmó este domingo que la política de seguridad “abrazos, no balazos”, implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, fracasó en tan sólo dos años.
En un comunicado, aseguró que los datos oficiales indican que los homicidios y feminicidios aumentaron en un 10% en la actual administración, sin embargo, acusó que para el gobierno, “las cosas van bien”.
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Explicó que durante los 22 meses en los que Alfonso Durazo estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), México pasó de “mal a peor” en materia de seguridad, al registrarse 65 mil 549 homicidios dolosos.
“Esto no puede continuar así, por eso el nuevo titular de seguridad debe comenzar por reconocer y corregir los errores, el relevo debe servir para hacer de inmediato los ajustes necesarios a la estrategia, para evitar más violencia y pérdidas humanas”, comentó.
Ante la renuncia de Alfonso Durazo para competir por la candidatura a la gubernatura de Sonora, Marko Cortés afirmó que el próximo titular de la SSCP debe ser un civil que cuente con experiencia en seguridad pública y no otro “incondicional a ciegas” de López Obrador.
“De seguir como hasta ahora, no solo nunca llegarán los resultados que esperan las y los mexicanos, sino la violencia y la inseguridad se seguirán incrementando y terminaría este gobierno siendo recordado como el sexenio de la muerte”, detalló.
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El líder de Acción Nacional aseveró que en el país se requiere profesionalizar y capacitar a las corporaciones policiacas, además de dotarlas de equipos y armamento moderno.
“Resulta indispensable que el gobierno federal reponga al Fortaseg los 5 mil millones de pesos que se tenían asignados en el 2018 para la seguridad en los municipios. Sin recursos suficientes para la seguridad, los gobiernos estatales y municipales no podrán frenar la ola delictiva del fuero común que les corresponde”, reprochó.
Cortés Mendoza exhortó a las autoridades a combatir la corrupción en el poder judicial y modificar la estrategia de seguridad implementada a nivel nacional.
