Por Claudio Ochoa Huerta.
Al menos 16 organizaciones estadounidenses, canadienses y latinoamericanas firmaron y enviaron una carta al Congreso de México para expresar su preocupación por el intento de implementar lo que llamaron el “kill switch” o “botón interruptor”, con el objetivo de suspender la conexión a internet de entidades extranjeras que prestan servicios a clientes mexicanos y que incumplan con los requisitos fiscales.
En la carta, las organizaciones explican que los legisladores incluyeron requisitos discriminatorios para la economía digital en el Paquete Económico 2021 y que al mismo tiempo violan el artículo sexto de la Constitución que garantiza el acceso a la información para la sociedad.
Los firmantes, entre los que destacan la Cámara de Comercio de Canadá, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación de Internet, la Asociación Latinoamérica de Internet y el Consejo de la Industria de Tecnología de la Información, aseguran que el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México prohíbe el bloqueo y filtrado del internet en México .
El documento también destaca que dados los desafíos de implementación del nuevo sistema tributario mexicano, es desafiante para las empresas cumplir con requisitos onerosos, especialmente para las que son extranjeras y proveen servicios por los que no cobran. Según la queja, México y los usuarios “enfrentarían un número significativo de bloqueos derivados de la disposición”.
Las organizaciones recuerdan que el “kill switch” ya había sido propuesto y rechazado en la discusión del Presupuesto 2020, dado que los legisladores reconocieron el impacto severo y negativo que tendría en el mundo digital mexicano. La carta añade que las PyMES mexicanas dependen de servicios digitales para conectarse con los clientes, crear nuevos negocios mejorar las operaciones y almacenar su información de forma segura.
“Bloquear esos servicios, incluidas las herramientas gratuitas de marketing y publicidad, dificultará que las PyMES mexicanas compitan en un mercado global y afectará el internet libre y abierto, parte central del enfoque para que México vaya hacia el crecimiento digital”, dice la carta.
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Finalmente en el escrito las organizaciones aseguran que la propuesta parece ser incompatible con las disposiciones adoptadas en el nuevo tratado de libre comercio, T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio de 2020. Consideran que el gobierno mexicano debería explicar por qué su propuesta es necesaria, si existen mejores prácticas para garantizar el cumplimiento tributario y que no serían tan perjudiciales para los intereses económicos del país.
El documento fue dirigido a líderes del Senado como Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. También, con atención a la Cámara de Diputados, específicamente a Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Las organizaciones adjuntaron copia para el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui.
