Inhabilitación por parte de la SFP no aplica para el sector privado: PiSa

SFP inhabilita a Pisa por dar información falsa al IMSS
Foto: Google Maps

La farmacéutica PiSa informó este miércoles que la inhabilitación por 30 meses que le impuso este miércoles la Secretaría de la Función Pública (SFP), por entregar información falsa en un contrato al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es exclusiva para dependencias federales y no aplica para las empresas privadas.

“Esta inhabilitación no incluye ventas a hospitales privados, farmacias, mayoristas, distribuidores del sector privado en general, ni entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuando las adquisiciones se realicen sin cargo a fondos federales”, detalló en un comunicado la farmacéutica.

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La farmacéutica agregó que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados y vigentes entre el laboratorio y la Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) con las dependencias y entidades de la administración pública federal, no quedarán afectados con esta sanción.

“Continuaremos surtiendo órdenes de compra amparadas con los contratos vigentes”, expone el texto.

Esta tarde, la Función Pública informó sobre la inhabilitación por 30 meses de la farmacéutica, una de las más importantes del país, y de su filial Dimesa.

“Tras una minuciosa investigación, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas resolvió que las empresas infringieron el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el IMSS”, detalló la dependencia.

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La sanción se vincula con un proceso de adjudicación del Servicio Integral de Anestesia (SIA) para el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS que se llevó a cabo en 2017.

De acuerdo con la Función Pública, las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones solicitadas para el cumplimiento del contrato.

“Sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes”, detalló la dependencia.

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