Tal como se venía venir, en el segundo trimestre de este año las participaciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiere a entidades federativas y municipios descendieron de manera importante. Los números rojos de la economía nacional, anunciados en abril por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como la caída del PIB en 19 por ciento respecto del mismo mes del año anterior y el desplome del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 17.3 por ciento respecto a marzo del año corriente, ayudan a explicar el fenómeno.
Particularmente en el Estado de México, con información publicada el 15 de julio por la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal en el periódico oficial, las participaciones federales ministradas a municipios subieron 54.5 por ciento de abril a mayo, esto es, de 2 mil 23 millones de pesos a 3 mil 128 millones de pesos. Pese a ello, en junio, mes en el que comienza a reflejarse el freno de la economía, bajaron 38.9 por ciento con referencia al mes anterior, de modo que los municipios percibieron sólo mil 910 millones de pesos.
Las participaciones que el Estado de México ministra a sus municipios también se vieron afectadas: en abril se pagaron 145 millones 730 mil pesos; en mayo, 24 millones 503 mil pesos, y en junio, 20 millones 35 mil pesos.
En total, sumadas ambas participaciones, conformaron una bolsa de recursos de 3 mil 152 millones de pesos en mayo y de mil 930 millones de pesos en junio. Esta situación es alarmante porque:
- Los municipios dependen de las participaciones hasta en 50 por ciento del total de sus recursos;
- Los meses fuertes de recaudación de predial –la mayor fuente de ingresos propios de los municipio– son de enero a marzo;
- En mayo y junio, pese a la disminución de ingresos, los municipios, además de atender sus funciones constitucionales, tuvieron que apoyar las labores de contención de la pandemia del COVID-19.
Así, se vislumbra que de junio a diciembre, con menos recursos en las arcas, los ayuntamientos mexiquenses y los del país en general deberán hacer frente a situaciones complejas, como el seguir construyendo ciudad, contribuir con las labores de seguridad pública de manera coordinada con los ámbitos de gobierno federal y estatal, impulsar el desarrollo de sus regiones y, también, coadyuvar a reducir los efectos colaterales de la pandemia como el desempleo y la demanda de salud.
La segunda mitad del año no será sencilla para los gobiernos locales, algunos –la mayoría– pensarán que las tesorerías municipales deberán calcular fríamente los gastos y así evitar déficits fiscales, pero otros creemos firmemente que los ayuntamientos deberán elegir muy bien los asuntos públicos en los que intervendrán y determinar con claridad hasta dónde lo harán. Desde mi perspectiva, las medidas de contención del gasto y el uso de fuentes de financiamiento diversas, combinadas con políticas redistributivas dirigidas a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, harán que la administración pública tenga un sentido humano y opere con un enfoque de políticas públicas que permita a los Ayuntamientos salir de esta crisis económica con el menor daño posible, cumplir sus funciones constitucionales y, por supuesto, no dejar boquetes en las finanzas públicas municipales, que, sobra decirlo, son de los ciudadanos.
