AP – El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ordenó en marzo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que usara sus facultades para cerrar las fronteras de Estados Unidos para evitar un aumento de contagios de Covid-19.
Los científicos le dijeron que no había evidencia de que esa acción frenaría el brote de coronavirus en el país, según dos ex funcionarios de salud. Pese a ello, Estados Unidos ha expulsado de su territorio a 150 mil niños y adultos desde la implementación de esta medida.
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Tres personas con conocimiento del caso dijeron a AP que el principal médico de los CDC, Robert Redfield, se había negado a cumplir con esta orden de la administración Trump porque no había una razón válida de salud pública para emitirla.
Entonces, Mike Pence intervino a principios de marzo. El vicepresidente, encargado de gestionar la respuesta ante el virus, llamó al doctor Redfield y le dijo que usara la autoridad legal especial de la agencia para cerrar las fronteras.
En la llamada estaban el jefe de personal de Mike Pence, Marc Short, y el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf. Tras la orden, el doctor Redfield ordenó inmediatamente a su personal que lo hiciera, según un exfuncionario de los CDC que habló bajo condición de anonimato.
La orden cubría las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá, pero ha afectado principalmente a los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera sur.
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Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, presionó para que aprobaran la orden de expulsar a los migrantes con el pretexto de la pandemia.
El artículo 42 de la Ley del Servicio de Salud Pública otorga a los funcionarios de salud federales la facultad de tomar medidas extraordinarias para limitar la transmisión de una enfermedad. Una de esas facultades es detener el flujo de migración desde países con un alto número de casos confirmados.
A comienzos de marzo, los CDC se negaron a ordenar el cierre de las fronteras. Tras el rechazo, los funcionarios de la Casa Blanca se comunicaron con abogados de esa agencia, así como del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos.
En una llamada, los abogados de HHS y CBP instaron a los CDC a usar su autoridad de salud pública para cerrar las fronteras. Los funcionarios de la CBP dijeron que querían proteger a sus agentes y las vidas de los estadounidenses.
A mediados de marzo, los científicos de los CDC todavía se negaban a cumplir la orden. Fue entonces cuando Pence y Wolf exigieron que se hiciera rápidamente.
Un abogado del HHS escribió la orden y la envió al doctor Redfield, quien la firmó. Un portavoz de los CDC se negó a comentar la decisión del director.
“Nos obligaron. Es hacerlo o ser despedido”, dijo un exfuncionario de salud involucrado en el proceso.
Tras la firma, Trump dijo que la orden venía de los CDC, cuando en realidad no lo había hecho.
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“Los CDC han decidido ejercer su autoridad (…) Así que estamos cerrando las fronteras por igual, la frontera norte y la frontera sur”, dijo Trump el 20 de marzo en la rueda de prensa del grupo de trabajo sobre el coronavirus.
Desde que la orden entró en vigor el 20 de marzo casi 150 mil personas, incluidos al menos 8 mil 800 niños no acompañados, han sido expulsadas y enviadas a sus países de origen sin el debido proceso.
La portavoz de Pence y esposa de Stephen, Katie Miller, calificó los relatos de las llamadas telefónicas como “falsas”.
