La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves constitucional la propuesta de consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes de México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En sesión virtual, el Pleno discutió la propuesta del ministro Luis María Aguilar de declarar como inconstitucional la consulta popular. Durante la votación se determinó por 6 votos a favor y 5 en contra, que la consulta cumple con los requisitos constitucionales para realizarse.
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A favor de declarar la consulta como constitucional votaron los ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat.
En contra votaron: Javier Laynez Potisek, José Fernando González-Salas, Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo y el ponente, Luis María Aguilar Morales.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, dijo que la consulta popular no propiciará un conjunto de violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la imparcialidad y la legalidad.
Destacó, además, que “no debemos confundir la procedencia de la consulta ciudadana con sus efectos vinculantes, que dependen de que se alcance el umbral de participación y que las autoridades puedan actuar conforme a las normas que rijan l la consulta”.
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No obstante, Zaldívar puntualizó que la materia de la consulta ciudadana no está prohibida por la Constitución, ya que “no busca restringir los derechos humanos y sus garantías”.
La propuesta señalaba que la consulta no se puede realizar porque la justicia no puede ser sometida a la opinión pública.
“La consulta popular comprometería el adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia, pues al someter y condicionar a la voluntad popular la decisión de si el Ministerio Público debe realizar sus labores y cumplir con sus obligaciones, se le restarían facultades y autonomía”, dice el proyecto de resolución.
También indica que se “desnaturalizaría la finalidad de la consulta popular” y que se rompe con el principio de igualdad, ya que todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato.
La Corte decretó un receso para posteriormente iniciar con la discusión sobre la constitucionalidad de la pregunta que en su caso, podría ser reformulada.
