Juez de Ecuador ordena la captura del expresidente Rafael Correa por caso de corrupción

Juez de Ecuador ordena la captura de Rafael Correa y otros imputados de corrupción
Foto: Reuters

EFE. – Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ordenó este miércoles la localización y captura del expresidente Rafael Correa, condenado a ocho años de prisión por cohecho en un caso conocido como “sobornos 2012-2016”, por el cual también perdió su derecho a participar en elecciones.

El juez Iván León, tras ratificar que el proceso se encuentra “ejecutoriado” o “en firme”, dispuso que este mismo miércoles se cursen los oficios respectivos a las autoridades policiales para la “inmediata localización y captura” de los sentenciados.

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Además de Correa, la orden pesa contra su exvicepresidente Jorge Glas (en prisión por otro caso de corrupción) y otros exfuncionarios y varios empresarios también envueltos en la trama de corrupción.

Entre ellos figuran Alexis Mera, María de los Angeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, William Phillips, Leonardo Córdova, Teodoro Calle y Aateo Choi.

Correa pierde pensión vitalicia y derecho a participar en elecciones

El magistrado también ordenó que se remita un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la condena dispone “la pérdida de los derechos de participación de todos los condenados, por un tiempo igual al de la pena”.

Decidió enviar al Ministerio de Economía una orden para que se elimine la pensión vitalicia que recibían Correa y Glas en calidad de exmandatarios.

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El pasado 7 de septiembre, un Tribunal de Casación de la Corte Superior de Justicia rechazó el recursos de casación interpuesto por Correa y otros imputados, por lo que ratificó, en última instancia, la condena a ocho años de prisión.

El caso investigó una red de corrupción mediante la cual se recibieron “aportes indebidos” en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.

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