Dependencias del gobierno federal y diversos funcionarios del estado de Chihuahua acordaron este lunes formar una mesa de diálogo permanente para solucionar “de manera pacífica y legal” el conflicto del agua en la entidad generado por el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944.
En una reunión encabezada por la titular de la Secretaría Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con legisladores locales y federales, alcaldesas y alcaldes de Chihuahua se llegó a una serie de acuerdos para lo que llamaron la “construcción de paz”.
“La Secretaría de Gobernación refrenda su vocación permanente para la construcción de paz y Estado de derecho, siendo la instancia del diálogo del Gobierno de México con los estados, los municipios y las instituciones”, indicó Sánchez Cordero.
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El gobierno federal, en el que se incluyó además a autoridades de Conagua, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se comprometió a intercambiar información puntual sobre el cumplimiento del tratado y la situación de las presas internacionales y las principales presas de la región de la cuenca del Conchos.
En tanto que los actores locales y dirigentes sociales de la región acordaron respetar irrestrictamente al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
El dirigente estatal del PRI y vicepresidente del Congreso del Estado, Omar Bazán, dijo esta mañana estar a favor de la vía jurídica -y no al protagonismo electorero- con la presentación de controversias constitucionales contra la extracción de agua de las presas, por parte de 17 alcaldes priistas.
El conflicto por la extracción de agua de las presas en Chihuahua se originó en diciembre del año pasado, cuando la Conagua pidió al estado de Chihuahua mil 100 millones de metros cúbicos de agua de las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero para cumplir con el Tratado de 1944.
