EFE.- En Perú, 16 mujeres fueron abusadas por Guillermo Castrillón, director y profesor de teatro que mantenía con ellas una relación jerárquica. Un fiscal afirmó que no hay motivo para abrir una investigación penal porque no “están lo suficientemente traumadas”.
Las mujeres no denunciaron los ataques en su momento, no se mostraron los debidos daños emocionales o físicos e incluso mantuvieron su vida y su trabajo con normalidad, indicios que para el fiscal Marcos Guzmán Baca justifican archivar el caso.
La postura del Ministerio Público tiraría el que sería el primer gran caso de acusación colectiva en Perú contra un abusador sexual, que no llegaría siquiera a convertirse en un proceso.
Durante años, Castrillón, pese a no tener ningún título que lo habilitara para ello, ejerció como profesor de teatro y director en algunas producciones artísticas. En sus clases usaba “técnicas” que incluían desnudar a las actrices, manosearlas o introducir su pene o sus dedos en sus vaginas.
También habría penetrado a una mujer que se quedó inconsciente en su casa durante una fiesta.
De acuerdo con la resolución fiscal a la que tuvo acceso Efe, nada de esto constituiría un probable delito porque las víctimas, todas adultas cuando sucedieron los hechos, no muestran una “afectación” emocional “compatible” con los delitos; y en los casos en los que sí hay afectación, la pericia no puede probar que sean “explícitamente” a causa de “una violación sexual“.
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Que algunas no expresaran su negativa en el momento de los hechos, que no le reprocharan inmediatamente sus actos o que mantuvieran un trato “cordial” con el supuesto agresor implica también, según la tesis del fiscal, que dieron su “consentimiento” o que no tuvieron “un comportamiento razonable” como víctimas de abuso sexual.
Las víctimas comenzaron a denunciar los hechos hace tres años, primero a través de las redes sociales y luego, con apoyo legal del Ministerio de la Mujer, ante la fiscalía.
La ministra de la Mujer de Perú, Rosario Sasieta, confirmó a Efe que su ministerio, que representa a las denunciantes, ya impugnó la decisión con la esperanza de que se revierta y el caso pueda convertirse en una denuncia penal.
Para la ministra Sasieta, todo este asunto genera “profunda indignación”, pues se trata de “un sistemático caso de violencia sexual” y es “una clara demostración de la ausencia de un sistema de justicia especializada con enfoque de género“.
