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La organización civil Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) y un grupo de jóvenes, interpusieron una demanda contra el Gobierno de México ante un Juez de Distrito en la Ciudad de México, para obligarlo a cumplir los términos de la Ley General del Cambio Climático.
La ONG acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de incurrir en omisiones, retardos e incumplimientos de la expedición y publicación del reglamento del Sistema Nacional de Cambio Climático y el Subprograma para la Protección y Manejo Sustentable de la Biodiversidad.
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“Actualmente, México no cuenta con condiciones normativas apropiadas para el combate al cambio climático; y aun cuando se cuenta con una Ley General de Cambio Climático, no es posible actuar y alcanzar los objetivos a los que nuestro país se comprometió al firmar la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y demás declaraciones internacionales en la materia ya que no existen instrumentos, organismos, políticas públicas y reglamentos para ello”, aseveró DAN.
De acuerdo con la demanda, México es parte de los diez países responsables del 73% de toda la emisión de gases de efecto invernadero del planeta.
Las principales fuentes de emisiones en el país son la generación de energía a partir del uso de combustibles fósiles, técnicas inapropiadas utilizadas en el manejo de residuos, y actividades agrícolas e industriales.
“Estamos viviendo cada vez más desastres naturales, incendios, sequías, huracanes, lluvias atípicas, inundaciones, mayor temperatura en el agua de ríos o mares que amenaza las especies y además, crecimiento en el nivel del mar. Todos estos son efectos visibles y palpables del cambio climático, así que tomamos acción por nosotros y por todas las generaciones que vienen adelante” añadió Naomi Gomez, una de las firmantes.
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Argumentaron que el cambio climático pone en peligro la seguridad alimentaria, la salud pública y el acceso al agua para millones de mexicanos.
“México tiene la obligación como país de promulgar los instrumentos necesarios para reducir o mitigar la aportación de México al cambio climático global, y con ello garantizar a la población el acceso a un medio ambiente saludable, como lo establece la Constitución”, explica el documento.
La primera audiencia del caso está programada para el próximo 4 de septiembre de 2020.
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