Las declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo durante su conferencia matutina del pasado viernes, deslegitiman, estigmatizan y criminalizan públicamente el trabajo que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, acusaron hoy varias organizaciones civiles.
A través de una carta abierta, Artículo 19, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro Prodh y más de 100 organizaciones, colectivos y redes de la sociedad civil, señalaron que López Obrador acusó durante su conferencia que algunas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación recibieron fondos de fundaciones y organizaciones extranjeras “para oponerse a la construcción del Tren Maya”.
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“A lo largo de la presentación se calificó de ‘benefactores y opositores’ a estas organizaciones y a las fuentes de financiamiento. Estos calificativos criminalizan la labor de las organizaciones al inferir que por recibir recursos de agencias internacionales, sus luchas y la labor de defender derechos humanos y ejercer la libertad de expresión son ilegítimas”, acusa el texto.
Las organizaciones añaden que “calificar a dichas organizaciones y al medio como ‘opositores’, cuestionando la legitimidad de su labor, por denunciar violaciones a los derechos humanos, es un acto de criminalización de la labor de defensa y de la libertad de expresión”.
El Ejecutivo federal, apuntaron, “debe cuidar que sus declaraciones no estigmaticen el derecho a defender y el ejercicio periodístico”.
Las organizaciones recordaron que, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018, al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas.
Además, Global Witness colocó a México este año como el cuarto país más peligroso para las personas defensoras del medio ambiente.
“Las declaraciones emitidas por el Ejecutivo federal generan un efecto multiplicador que permite y legitima la actuación de otros actores estatales y no estatales contra las personas defensoras y periodistas, debilitando aún más el Estado de Derecho en México”, añadieron.
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Por ello, pidieron a los gobiernos federal y locales dejar los discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Además, exigieron una disculpa pública rectificando las declaraciones estigmatizantes efectuadas en la conferencia de prensa del viernes pasado.
También pidieron que se reconozca públicamente el papel de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, y que se genere un entorno seguro y propicio para defender a quienes desempeñan estas funciones.
