Ministerio Público de BC viola orden judicial de jueza

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El Ministerio Público Arturo Gutiérrez Tovar, titular de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado en Baja California, violó la orden judicial que emitió la jueza Patricia Hernández Haro donde ordenó liberar 10 inmuebles a la empresa gasera Blue Propane.

La firma con sede en la entidad ha emprendido una lucha legal para romper lo que califican como el monopolio del gas en Baja California.

La jueza Hernández Haro afirmó durante el desahogo del caso que ordenaba que “se lleve a cabo por parte del Ministerio Público el levantamiento del aseguramiento y haga entrega física del aseguramiento al Representante Legal de la Blue Propane, Edgar Jaramillo Pérez, dando un término de siete horas bajo los lineamientos del articulo 246 y 247 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

De acuerdo con el representante legal de la compañía, Edgar Alan Jaramillo Pérez, cuando las autoridades judiciales se encontraban por liberar los predios y quitar los sellos de clausura, llegó el Ministerio Público para evitar que se levantara el aseguramiento y, de nuevo, colocó sellos, con lo que violó el debido proceso y la orden judicial.

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“Este señor Tovar, de manera muy extraña volvió a asegurar cinco estaciones delante de funcionarios. Volvió a colocar en cinco de ellas, cinco sellos de clausura, argumentando que él ya tenía un aseguramiento previo, es decir, a dicho del funcionario tenemos dos aseguramientos, lo cual es una muestra más de la relación perniciosa entre el monopolio y las autoridades de impartición de justicia”, dijo el abogado.

Además, señaló que el MP falta el respeto a la institución que representa, “y creo que es evidente sus intereses, porque no es un asunto de procuración de justicia lo que están haciendo en el caso de nosotros, es un abuso de autoridad, un abuso avalado por esta persona que debería explicar a qué intereses responde o quién le da las instrucciones”, argumentó.

La empresa gasera, aseguran, ha sido blanco de ataques empresariales, de las autoridades municipales y estatales en la entidad, debido a que buscan abrir la competencia en el mercado del gas, que ya está asignado a una sola empresa que concentra más del 80% del gas que se almacena y se distribuye localmente.

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