Por Tania Rosas
Pese a las promesas de transparencia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, la opacidad aumentó en las solicitudes de información al gobierno federal, de acuerdo con datos oficiales.
De enero de 2019 a junio de 2020, tan sólo la Oficina de la Presidencia y las 19 secretarías de Estado recibieron 88 mil 765 solicitudes de información por parte de los ciudadanos. En 15 mil 174 de ellas (17%), se declara la inexistencia de la información, la incompetencia del área o la reserva o confidencialidad de los datos.
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Las estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a las que Latinus tuvo acceso, revelan que en 2018, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, este tipo de respuestas predominaron en 8 mil 15 solicitudes (15.92% del total de ese año) en esas 20 instituciones públicas.
Para 2019, con López Obrador como presidente, el número subió a 10 mil 351 (16.45% del total de solicitudes de ese año). En el primer semestre de 2020, van 4 mil 823 respuestas en las que se declara la inexistencia, la incompetencia o la reserva (18.66%).
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública incluye sanciones para los funcionarios cuando, con dolo o negligencia, clasifiquen la información como reservada, declaren la inexistencia de información aun cuando deban generar los datos que les piden o declaren la inexistencia, a pesar de que los datos estén en sus archivos.
“Sí ha aumentado mucho la inexistencia y la incompetencia; esas son dos vías para pretextar, eludir, solicitudes de información (…). Esto está causando, sí, preocupación, porque en lo que ya habíamos creído que se había ido exterminando, la inexistencia, y especialmente la incompetencia, parece que ha vuelto con cierto ánimo, con cierta fuerza”, destacó el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña.
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Explicó que estas prácticas predominan cuando cambian los gobiernos debido a la rotación de las áreas administrativas, entre otras razones.
“Más que un cambio de gobierno, lo que hemos podido ver hasta ahora es un cambio de régimen. Nosotros creíamos, y todavía lo podríamos seguir creyendo, y lo digo yo a título propio, que todavía cabe que se den cuenta en la administración actual de que para que se cumplan los dos lemas que ofreció el presidente cuando llegó a la Presidencia, que es la anticorrupción y la austeridad, se requiere transparencia”, añadió Acuña Llamas.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, coincidió en que se esperaba que este gobierno federal fuera menos opaco en las respuestas a las solicitudes de información.
“Siendo muy justos, este no es un problema nuevo. Lo que uno si hubiera esperado es que cuando se habla de una transformación profunda de la vida pública y de la ética del país, esto dejará de ocurrir y que se sancionará duramente a quien no transparentara la información, de acuerdo con lo que marca la ley (…). Lo que estamos viendo es un gobierno de estilo abierto, pero con muchos retos en materia de información pública porque no están preparados para entregar bases de datos o documentos de soporte”, consideró.
Opinó que prefiere la accesibilidad de una rueda de prensa en Palacio Nacional, que el hermetismo de la Presidencia de la República en la administración de Peña Nieto.
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“Lo que ocurría en la administración Peña es que toda la cerrazón del Presidente y su oficina de prensa se suplía parcialmente a través de las solicitudes de acceso a la información, aunque había estratagemas y trucos para darle la vuelta a los temas de mayor controversia. Creo que ahora lo que estamos enfrentando es que los funcionarios no disfrutan de la misma manera el discurso público que la documentación y la entrega de las bases de datos”, dijo.
De octubre de 2018 a septiembre de 2019, el INAI recibió 16 mil 892 impugnaciones en materia de acceso a la información pública en contra de las instituciones que determinaron la reserva, confidencialidad o negativa de la información, lo que representa un incremento de 69.7% respecto al periodo de octubre de 2017 a septiembre de 2018.
En cuanto a la lista de todos los sujetos obligados, los menos transparentes, de acuerdo con datos del INAI, son los fideicomisos y sindicatos. Destaca el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.“El Sindicato de Pemex se ha amparado para evitar ser sujeto obligado; quiere eludir sus responsabilidades y esperamos que la Suprema Corte ya, por fin, resuelva algunos de los juicios de amparo que han llegado al máximo nivel y esperemos que nos dé la razón”, enfatizó el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña.
