Por Tania Aguayo
Organizaciones de la sociedad civil desaprueban los cambios que el Senado hizo al Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos legales, para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Consideraron que estos cambios son violatorios de los derechos humanos porque vulneran la presunción de inocencia y el debido proceso, además de que -consideran- dicha reforma afectará sobre todo a las mujeres y agudizará la sobrepoblación en las cárceles.
Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, consideró que dicha reforma significa que se persigan más conductas, con mayor severidad, “sin reparar en que esto no es un elemento que vaya a disuadir el delito”.
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“Esto implica que haya menos incentivos para investigar bien los delitos, además de que las personas tendrán menos posibilidades de defenderse ante las arbitrariedades de la autoridad, porque vas directo a la cárcel y te tienes que defender desde la cárcel”, aseguró.
Los cambios
Con 56 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, el jueves en la madrugada el Senado aprobó reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos legales para ampliar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa hasta por dos años.
Entre los delitos incluidos, están feminicidio, desaparición forzada, abuso o violencia sexual contra menores, corrupción, delitos electorales, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación, portación ilegal de armas y de pistolas de juguete para delinquir, robo de transporte de carga y tráfico de totoaba. También se incluyó en la lista el dañar, perjudicar o destruir vías de comunicación, medios de transporte o interrumpir la construcción de estos.
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Humberto Guerrero, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, señaló que la prisión preventiva oficiosa en sí misma vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso. Añadió que este tipo de figura penal se utiliza cuando hay crisis en materia de seguridad.
“Nos parece que seguir recurriendo al populismo punitivo en realidad lo único que hace es condenar al sistema de justicia a seguir siendo sumamente ineficaz”, señaló.
Mujeres, las más afectadas
Desde la perspectiva de género, Ana Pecova, directora de Equis Justicia, explicó que la prisión preventiva oficiosa afecta de manera predominante a las mujeres. En México, una de cada dos reclusas está encarcelada con esta figura penal, detalló. En la mayoría de los casos fueron detenidas por temas relacionados con el narcotráfico o la delincuencia organizada.
“Son las que cuidan las casas donde se esconde la mercancía o son mulas, no tienen ningún papel importante en las redes delictivas. Sin embargo, son fáciles de detener y acaban en prisión por delitos contra la salud que ni siquiera son violentos. Muchas veces no es necesario que terminen en la cárcel, es meramente una decisión política”, señaló.
¿Cambios con fines políticos?
La activista mexicana Lisa Sánchez señaló que otro problema con las reformas realizadas por el Senado, fue el aumento desmedido de las penas para algunos delitos. Por ejemplo, la obstrucción de vías de comunicación antes se castigaba con 2 o 3 meses de prisión. Con los nuevos cambios, la pena va de 3 a 9 años de cárcel.
“Nos parece que es un uso estratégico de la ley para salvaguardar que lleguen a buen puerto los proyectos de infraestructura de la actual administración. Nueve años de prisión por obstruir la construcción del Tren Maya, puede ser muy peligroso para quien realmente se opone a este proyecto por razones legitimas”, apuntó.
Sobrepoblación carcelaria
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que el abuso de la prisión preventiva en México es lo que ha provocado la sobrepoblación en los centros penitenciarios. “Nosotros consideramos que se debería restringir la prisión preventiva para que sólo vayan a la cárcel quienes ya han sido sentenciados”, afirmó.
Los Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional registraron que en junio de este año en todo el país había 210 mil 287 personas encarceladas por delitos de fuero común y federal. De ellas, el 41% estaba sin sentencia.
Aguirre también consideró que la reforma es inoportuna en un contexto donde el Covid-19 está pegando fuertemente en las cárceles. “En vez de que se legisle para despresurizar las prisiones, se siguen promoviendo estas medidas de populismo penal que buscan endurecer más el sistema de justicia mexicano. Ya es un sistema disfuncional que siempre termina afectando a las personas más pobres”, señaló.
La reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobada por el Senado, fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación. En caso de ser aprobada en sus términos, pasará al Ejecutivo federal para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
