La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este martes al juez José Artemio Zuñiga Mendoza, vincular a proceso a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
“Porque es perseguible de manera oficiosa, pero cuando se utiliza el sistema financiero mexicano hace falta la participación de la Secretaría de Hacienda, y de ahí que esté la denuncia del señor Santiago Nieto, artículo 402 bis, de 20102”, señala en la acusación.
Durante la comparecencia ante el juez, que se lleva a cabo de manera virtual desde el hospital donde se encuentra internado el exdirector de Pemex, la Fiscalía recordó que el 5 de marzo de 2019, Martha Edith Márquez Acosta, representante legal de Pemex, hizo conocimiento de nota criminal, PMI Holding empresa filial de Pemex e informó que de la adquisición de la planta de fertilizantes Agronitrogenados y que se requerían 400 millones de dólares, de los cuales 150 millones eran para reiniciar actividades.
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“El 1 de diciembre de 2013 modifican el avalúo y de 400 millones de dólares pasa a 475 millones de dólares por Agronitrogenados, por lo que se solicitó al Indabin un avalúo de la planta adquirida, pero luego se pidieron eliminar esos avalúos y se pidió que hiciera uno comercial”, señala FGR.
El presunto responsable cuando era director de Pemex dijo que era primordial para el gobierno la producción de fertilizante, “por eso era importante adquirirla para lo que se requería de inicio 175 millones de dólares, y 200 millones de dólares para la reactivación de la planta e insistió que la primera era la producción de fertilizantes”.
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“Ante el consejo de Pemex, Édgar Torres Garrido hizo la presentación del tema ante los representantes de Agronitrogenados, filiales Agroquímicos, Agroseguridad, Asociados Minera del Norte SA de CV, representadas por Alonso Ancira, las otras por Andrés González”, en la explicación que da la Fiscalía.
La Fiscalía señaló que la transacción se llevó a cabo por 275 millones de dólares, que correspondió cubrir 264 millones de dólares por los activos y 11 millones de dólares por los inmuebles, que en su totalidad fue de 380 millones de pesos.
“Se trató como si se comprara un recurso en marcha, Bos Company dijo que no servía esa empresa, porque llevaba mucho tiempo sin funcionar, además sin valorar el costo de rehabilitación de los recursos: primero 200 millones de dólares, por los inmuebles y luego se añadieron los 285 millones de dólares para rehabilitación”, explicó FGR.
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Durante la audiencia, el 2 de mayo de 2019 Santiago Nieto, titular UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una denuncia con fundamento en el artículo 402 bis. Denuncia contra Gilda l., Emilio l. y Alonso A., dueño de altos hornos de México SA de CV, con la finalidad de ocultar el origen y el beneficiario de esos recursos.
Lozoya y sus lazos con Enrique Peña Nieto
La Fiscalía General de la República, dentro del desahogo de pruebas, dijo que Emilio Lozoya participó en el 2012 en la campaña de Enrique Peña Nieto, y en el periodo de la transición fue el representante de asuntos internacionales.
“Periodo en el que se hicieron los depósitos primero de 500 mil dólares, después un millón de dólares; posteriormente otro millón de dólares, que equivalía a 34 millones 133 400 pesos, que es el monto del inmueble que se ubica en Ladera 20, interior 11, la Retana, Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México. celebrado en Arquímides 16, colonia Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, propiedad de la señora Carmen A.
Llamó la atención, siguió la Fiscalía, que una empresa adquiriera un bien inmueble, dado que no tenía sentido de inversión y no representaba una ganancia para la entidad mercantil, ya que el que sería titular del bien inmueble era una persona que no tiene nada que ver con la entidad jurídica mercantil.
Luego de una pausa para revisar “asuntos técnicos”, la fiscalía solicitó la vinculación a proceso del exdirector de Pemex al asegurar que se cumplen todos los requisitos “para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
