EFE.- La congresista demócrata, Debbie Mucarsel-Powell, denunció que hubo quejas de abuso sexual a menores inmigrantes en un polémico centro de detención de Homestead, al sur de Miami, Florida, que llegó a albergar 2 mil 500 niños y fue cerrado en 2019 por el Gobierno de Donald Trump.
La demócrata señaló que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés) le confirmó que hubo cuatro acusaciones de abuso sexual contra el personal del albergue y que tres de los empleados renunciaron o fueron despedidos.
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Mucarsel-Powell se quejó de que recibió esta respuesta de la ORR después de un año de haber pedido información al respecto a esa agencia federal sobre el centro, considerado por Amnistía Internacional (AI) como “cruel” e “ilegal”.
El Departamento de Salud (HHS) cerró el albergue, con capacidad para 2 mil 500 menores, en noviembre pasado.
“Ningún niño debería enfrentar el daño físico y mental que causó esta instalación”, manifestó la congresista.
Agregó que el centro, unos 40 kilómetros al sur de Miami y que fue una de las mayores del país, “nunca más debe retener niños”.
El lugar fue blanco de críticas de congresistas demócratas y organizaciones de derechos humanos por las condiciones de los menores y el vínculo de la empresa que lo administra con el general retirado John Kelly, el que fuera máximo responsable de inmigración del presidente Trump y después su jefe de Gabinete.
El HHS señaló el año pasado que dio por terminado el contrato con Comprehensive Health Services Inc. a partir del 30 de noviembre, lo que implicó además el despido de unos 2 mil trabajadores.
En un informe de 2019, Amnistía Internacional instó al Gobierno de Trump a “cerrarlo cuanto antes” tras dos visitas que hizo al lugar.
“Homestead no es un hogar para niños (…) es una línea industrial para procesar grandes cantidades de niños, en lugar de centrarse en sus mejores intereses”, señaló entonces Denise Bell, investigadora de Amnistía Internacional.
El centro es uno de varios en el país a los que fueron llevados niños separados de sus padres como parte de la polémica política de “cero tolerancia”, que separó a miles de niños de sus padres desde mediados de 2017.
Según Amnistía Internacional, las condiciones “ilegales” de los niños en Homestead fueron el resultado directo de las políticas del Gobierno de Estados Unidos diseñadas para “castigar en lugar de proteger a las personas que intentan reconstruir sus vidas”.
Amnistía Internacional señaló que a principios de abril más de 2 mil 100 niños de edades entre 13 y 17 años fueron alojados en el centro, que en algún momento llegó a tener ocupadas sus 2 mil 500 camas.
