Trump modifica antigua ley ambiental; afirma que ayudará a reconstrucción de EU

Trump modifica antigua ley ambiental; afirma que ayudará a la reconstrucción de EU
Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtió el miércoles una ley ambiental de la era Nixon que, afirmó, asfixia proyectos de infraestructura, aunque tiene décadas forzando revisiones ambientales a proyectos importantes y dando voz a las comunidades locales. 

Trump, quien voló a Atlanta esta mañana, anunció las modificaciones a las regulaciones de la Ley Nacional de Política Ambiental, respecto a cómo y cuándo las autoridades deben realizar revisiones ambientales.

La decisión del mandatario facilita la construcción de carreteras, tuberías, plantas químicas y otros proyectos del ramo.

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La ley, aprobada en 1970, cambió la supervisión ambiental en Estados Unidos al exigir a las agencias federales que consideren el daño que un proyecto le podría hacer al aire, la tierra, el agua o la vida silvestre, además de otorgarle al público el derecho de revisión y aporte

La Casa Blanca afirma que, con esto, la administración de Trump promoverá la reconstrucción de Estados Unidos, el país que más casos de coronavirus reporta en el mundo. 

El mandatario, por su parte, indicó en un evento en un centro de UPS en Atlanta que los cambios permitirán “crecer aún más el auge económico” de Estados Unidos, el cual consideró que “no tiene precedentes”.

“Este es un avance verdaderamente histórico”, declaró Trump. “Estamos reclamando la herencia de Estados Unidos, una nación de constructores”, dijo. 

Voces en contra

Los críticos de la medida afirman que es un intento cínico del presidente republicano de limitar la capacidad del público para examinar e influir en los proyectos propuestos.

Brett Hartl, director de asuntos gubernamentales del Centro para la Diversidad Biológica, un grupo que trabaja para ayudar a especies en peligro de extinción, calificó la decisión de Trump como “el mayor regalo para los contaminadores en los últimos 40 años”.

Los grupos ambientalistas dicen que los retrocesos regulatorios amenazan la salud pública y hacen más difícil la lucha para frenar el calentamiento global

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