La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, aceptó la controversia que el Gobierno de Michoacán interpuso al decreto presidencial que permite que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
El pasado 12 de junio, el consejero jurídico del Poder Judicial de Michoacán, Víctor Lenin Sánchez, acompañado del gobernador del estado, Silvano Aureoles, solicitaron a la SCJN declarar la invalidez del decreto que establece que las Fuerzas Armadas se harían cargo de “manera extraordinaria” de la seguridad pública en el país.
También lee: Muñoz Ledo critica manifiesto de Morena; corresponde a Corte resolver controversia sobre Fuerzas Armadas, afirma
La controversia fue turnada a la ministra Ríos Farjat, quien este jueves aceptó la queja presentada por el gobierno estatal. A esta se suma la del municipio de Colima y el de Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El acuerdo que permite la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública “se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación”, advirtió Rojas en un comunicado.
Por estas controversias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al Congreso de la Unión definir los límites que tendrán las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública en el país.
El Gobierno de México tiene un plazo de 30 días hábiles para responder por escrito a la controversia.
