A raíz del reportaje publicado en Latinus que documenta que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, recibió en cesión un terreno propiedad del Gobierno del Distrito Federal, un grupo de funcionarios del gobierno de México emprendió una embestida contra este medio y contra el periodista Carlos Loret de Mola, lo que constituye un abierto intento de intimidación.
La secretaria de Gobernación, el vocero del Gobierno de México y una serie de secretarios, subsecretarios y titulares de unidades investigadoras expresaron públicamente solidaridad con Sandoval porque un medio publicó hechos documentados sobre ella y su patrimonio. Nadie desmintió lo publicado.
No mencionaron una palabra de revisar el hecho documentado.
Sí en cambio, se sumaron a un discurso ominoso, alejado de las más elementales prácticas democráticas, en el que se etiqueta como conspiratorio, sedicioso y golpista que los periodistas lleven a cabo la más básica de sus funciones: investigar las acciones de quienes tienen una responsabilidad pública.
Latinus es una plataforma de información ajena a grupos políticos y tiene claros sus derechos y sus responsabilidades en un régimen democrático que reconocemos en México. Los seguirá ejerciendo a pesar de los intentos de intimidación y las categorizaciones propias de sistemas autoritarios que consideran una amenaza al periodismo y la crítica. En Latinus queremos confiar en la autenticidad de las múltiples declaraciones del presidente de la República en el sentido de que en México y en su gobierno se respeta y defiende la libertad de expresión. Personalmente ha manifestado que defenderá esa libertad frente a quien pretenda amenazarla. Latinus es un medio que ha dado y seguirá dando voz a todos los actores, incluido el presidente y cualquier integrante de su gobierno, para que expresen sus posturas y se produzca un intercambio de ideas de frente a la audiencia como ocurre en una sociedad abierta y democrática.
Las fuentes del reportaje
El reportaje al que ha reaccionado la funcionaria está sustentado en fuentes públicas como el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México y el de Morelos, en las declaraciones patrimoniales de la funcionaria y en el análisis de los cargos que ha ocupado, según su propia declaración. En los documentos, a los que puede tener acceso cualquier ciudadano, es posible encontrar los elementos informativos que se detallan sobre los departamentos y viviendas propiedad de la funcionaria.
Su declaración patrimonial es pública. En la primera que presentó en diciembre de 2018, detalló cuáles son sus bienes inmuebles e incluyó una nota aclaratoria sobre el costo de adquisición de cinco de ellos. Del único del que no establece costo es el de la calle Amatl, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, porque lo recibió del Gobierno del Distrito Federal, sin pago.
Después de transparentar sus bienes inmuebles en las declaraciones patrimoniales 2018 y 2019, en la actualización que entregó Sandoval este año sólo aparece el predio que recibió del Gobierno del Distrito Federal en 2007; es decir, cerró la información de los bienes inmuebles que tiene en copropiedad con su esposo. Estas, hasta el año pasado, son cinco propiedades de las que la titular de la Función Pública ya no da detalle. Los documentos de cada uno de los casos fueron presentados en el reportaje.
Respecto a la tarjeta informativa emitida por la Secretaría de la Función Pública, en la que se indica que el patrimonio de Sandoval Ballesteros y de su esposo es resultado de su trabajo profesional y de los “bienes y recursos que han recibido en herencia y donación de familiares”, la secretaria de la Función Pública no las reportó como tal, no hay en su declaración patrimonial transmisiones o donaciones de bienes en ninguna de las declaraciones patrimoniales que ha realizado desde que es funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su declaración 2020 sólo hay una donación de mil 500 dólares recibidos del sector “universitario”.
