El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez comentó que los ejecutivos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) dijeron estar dispuestos a pagar su adeudo de 27 millones de pesos.
Bonilla aseguró que los ejecutivos del GAP efectuarán su pago del adeudo por concepto de agua y drenaje el lunes 22 de junio a las 6:00 de la mañana.
“Ya les dije, si ellos pagan a las 6:00 de la mañana, a las 6:05 les reconectamos. Es la única manera en que lo vamos a hacer, viene el presidente (del GAP) a platicar conmigo porque lo que quieren ellos es llevar una buena relación”, apuntó.
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El Aeropuerto Internacional de Tijuana, concesionado al GAP, también tiene pendiente la resolución de un problema de descarga de aguas residuales al arroyo Pastejé.
El miércoles, el GAP informó que cerró temporalmente el Aeropuerto de Tijuana en medio de un conflicto con las autoridades de Baja California.
La empresa explicó que suspendieron actividades tras “el ingreso ilícito de un grupo de inspectores del municipio de Tijuana” a una zona estéril, sin el proceso de inspección correspondiente.
“Nosotros también queremos una buena relación”, dijo Jaime Bonilla.
Comentó que busca que la empresa “remedie los daños del pluvial” ya que “ha afectado mucho y ha provocado daños a la salud de muchos niños”.
Cambian las penalizaciones por uso de tomas clandestinas en Baja Caliornia
Salomón Faz, el secretario Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California comentó que casi 600 empresas violan las normas actuales sobre el manejo de agua potable en el estado y hacen uso de tomas de “agua no contabilizada”. Argumentó que esto genera un daño patrimonial de mil 500 millones de pesos.
Por lo tanto, informó que se reformaron las penalizaciones para las industrias y empresas que hagan uso de tomas de agua clandestinas.
Los delitos por hacer uso de tomas clandestinas y quienes impidan la medición del agua podrán ser acreedores a una pena de 3 meses hasta 6 años en prisión. Los funcionarios públicos que se presten para permitirle a los ciudadanos hacer uso de tomas clandestinas podrían enfrentarse a una pena de 3 a 5 años de cárcel.
Además, las personas que causen daños a medidores de agua, violen sellos o alteren los aparatos de medición, podrían enfrentarse a una multa de más de 17 mil pesos.
