La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó al Congreso de la Unión a definir los límites que tendrán las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública en el país.
A través de un comunicado, la CNDH detalló que los términos extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, que vienen en la ley secundaria del artículo Quinto Transitorio del Decreto de la Constitución en materia de Guardia Nacional, “no han sido definidos, desarrollados y determinados en las leyes secundarias pertinentes”.
“Su falta de precisión para su aplicación operativa, da lugar a delicados vacíos jurídicos que pueden conducir a violaciones a derechos humanos por la falta de certeza jurídica en su aplicación, propiciando violaciones al derecho a la seguridad jurídica”, señaló el organismo.
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Por ello, la CNDH exhortó al Congreso para que, a la brevedad posible, defina y desarrolle en la legislación secundaria la manera en cómo deberá disponerse de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, a fin de brindar certeza jurídica y en los parámetros de su actuación.
El organismo señaló que “el Estado debe limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para controlar la criminalidad común o violencia interna, pues el régimen castrense no se concilia con las funciones de las autoridades civiles”.
Agregó que dichas acciones deberían de tener “casos restringidos y siguiendo criterios de estricta excepcionalidad”.
Presentan controversia contra la militarización
Ayer, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, anunció que presentó una controversia constitucional, ante la SCJN, contra el acuerdo del Gobierno Federal que permite a las Fuerzas Armadas hacer tareas de seguridad pública.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) confirmó que pidió a la Suprema Corte revisar la constitucionalidad del “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública”, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el 11 de mayo.
“El acuerdo se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación”, advirtió Rojas en un comunicado.
