Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, aceptó que el terreno que tiene en la calle Amatl, en el Pedregal de Santo Domingo, se lo entregó el Gobierno del Distrito Federal y no lo compró.
En una tarjeta informativa emitida por la Secretaría de la Función Pública en respuesta al reportaje “Regalazo para Irma Eréndira”, se detalla que la cesión del predio fue un “acto jurídico de regularización de la casa donde la Secretaria creció con su familia en la colonia popular de Santo Domingo”. Es decir, los Sandoval obtuvieron un terreno producto de una invasión irregular, ya que esta área del sur de la Ciudad de México fue urbanizada y nació como parte de una serie de invasiones en terrenos comunales en la década de los setenta.
La comunicación de la Función Pública también refiere que el terreno fue escriturado a nombre de Irma Eréndira Sandoval “por ser la mayor de tres hermanos después del lamentable fallecimiento de su señor padre”. Sin embargo, Pablo Sandoval Ramírez, padre de la titular de la Función Pública y líder social militante del PRD, falleció en el año 2000 y el terreno fue escriturado y entregado siete años después a Sandoval Ballesteros. Entonces, ella y su esposo John Ackerman ya eran abiertos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador.
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La tarjeta informativa indica que “se pagaron todas las contribuciones” y que la regularización del terreno en el Pedregal de Santo Domingo “no fue un acto personalizado”. Es falso. Los documentos inscritos en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México indican que Sandoval Ballesteros recibió directamente el predio y el Gobierno del Distrito Federal le condonó los derechos de la operación de transmisión de propiedad, amparado en un acuerdo del 2 de marzo del año 2000 por el que se otorgaban facilidades administrativas para la vivienda y los programas de regularización territorial.
El tercer párrafo de la comunicación oficial apunta que el patrimonio de Sandoval Ballesteros y de su esposo es resultado de su trabajo profesional y de los “bienes y recursos que han recibido en herencia y donación de familiares”.
Esto no coincide con la declaración patrimonial de Sandoval Ballesteros. La funcionaria no tiene reportada ninguna transmisión o donación familiar. Cinco de sus seis viviendas asegura haberlas adquirido de contado y la sexta propiedad fue la entregada por el gobierno capitalino.
Para no dar a conocer el valor real de sus propiedades inmobiliarias, Sandoval Ballesteros se ampara en el artículo 35 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que permite reportar los bienes inmuebles con los precios de adquisición sin que sea necesaria una actualización de los costos de las propiedades.
La misma Ley, en el artículo 60, detalla que incurrirá en enriquecimiento oculto el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, que tenga como fin ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable. Esta falta administrativa, dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años.
